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Por Marcos Romero
CIUDAD DE MEXICO, 21 (ANSA)- Las objeciones públicas sobre el
Ejército por el papel protagónico que desempeña en la lucha
anticrimen desde 2006 alcanzó su máximo nivel tras abusos
recientes como la desaparición de siete personas y la muerte de
un niño durante el desalojo de una ruta.
Estos episodios, sumados a la desaparición de 43 estudiantes
en la sureña ciudad de Iguala en septiembre pasado y el
fusilamiento de 22 personas en un galpón en Tlatlaya, cerca de
la capital, acentuaron el clamor de algunos sectores para que
los militares regresen a sus cuarteles y dejen a la policía las
riendas de la seguridad pública.
La gota que desbordó el vaso sobre el tema fue la reciente
desaparición de siete campesinos en la localidad de Calera,
estado central de Zacatecas, atribuida a miembros de las Fuerzas
Armadas.
El propio ministerio de la Defensa admitió que "identificó
indicios de una probable participación de personal militar" en
el caso y versiones no confirmadas señalaron que fue detenido
para ser interrogado el teniente coronel Martín Pérez, jefe del
96 batallón de Infantería con sede en Fresnillo, Zacatecas, así
como de otros tres soldados.
Actualmente se realizan exámenes pos-mortem a siete cadáveres
encontrados la semana pasada en Jerez, Zacatecas, para
determinar si corresponden a los jornaleros desaparecidos.
El asunto explotó justo después de que un niño muriera
durante un desalojo en la localidad de Aquila, estado sureño de
Michoacán, de una ruta estratégica entre los puertos de Lázaro
Cárdenas y Manzanillo por personal del Ejército.
El jefe de seguridad en Michoacán, Felipe Gurrola, afirmó que
los militares "dispararon al aire" para dispersar a una grupo de
civiles que los agredían con piedras y palos.
En el caso de los estudiantes detenidos en Iguala hace casi
nueve meses y luego, según la fiscalía general, entregados al
grupo criminal Guerreros Unidos y asesinados en un vertedero
para finalmente ser arrojados sus restos en un río, el Ejército
es cuestionado por haber supuestamente solapado el arresto.
Una solicitud de una comisión independiente de expertos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar
algunas instalaciones militares en la zona ha sido rechazada
hasta ahora en los hechos, aunque las autoridades argumentan que
"sigue siendo analizada".
Amnistía Internacional pidió en enero pasado al gobierno que
investigue el papel del Ejército en la desaparición de los
estudiantes y señaló que hay alegatos y testimonios de que
militares sacaron de una clínica a jóvenes que "buscaban refugio
y asistencia" dejándolos a merced de los criminales.
Las críticas contra el Ejército han estado presentes desde
que en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón
decidió declararle la "guerra al crimen" con apoyo de las
Fuerzas Armadas, debido al descrédito que enfrentaban los
diversos cuerpos de policía que, según expertos, habían sido
"totalmente penetradas" por la delincuencia.
Sin embargo, los cuestionamientos subieron de tono cuando el
30 junio del año pasado 22 delincuentes fueron "fusilados" en un
almacén de la localidad de Tlatlaya, estado de México, a unos 70
kilómetros de la capital, durante un supuesto enfrentamiento con
militares, según el parte inicial del caso.
Luego de difundirse testimonios de sobrevivientes que dieron
cuenta de que la mayoría de los muertos fueron ejecutados
extrajudicialmente dentro del galpón, siete soldados y un
oficial fueron detenidos y entregados a un tribunal castrense.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández,
afirmó que Tlatlaya "es sólo un caso de un conjunto más grande
de crímenes cometidos por soldados y policías que no han
provocado una reacción del Estado".
Ante la ola de críticas al Ejército, el presidente Enrique
Peña cuestionó apenas ayer "que se intente manchar la imagen" de
las Fuerzas Armadas cuando estas realizan "una labor incansable
para garantizar la seguridad en el país".
MRM-ADG/MRZ
21/07/2015 20:30
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