SANTIAGO DE CHILE, 10 (ANSA) - El senador chileno Juan Pablo Letelier solicitó al juez Mario Carroza nuevas diligencias para establecer las responsabilidades de los encubridores del crimen de su padre, el ex canciller Orlando Letelier.
    La petición fue hecha tras haber leído los documentos desclasificados que hace un mes entregó al gobierno chileno el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, donde se conocieron nuevos antecedentes sobre los autores intelectuales y materiales del delito. Letelier, ex canciller y ex ministro de Defensa del gobierno socialista de Salvador Allende, fue asesinado en Washington, el 21 de septiembre de 1976, una semana después de que la dictadura lo despojara de su nacionalidad. "Hemos entregado más de una decena de diligencias que pensamos que se pueden realizar para identificar de mejor forma a personas que participaron no solamente en el asesinato de mi padre, sino en particular de Ronni Karpen Moffitt (la secretaria estadounidense del ex canciller que también falleció en el atentado). En su caso en nuestro país no ha habido nada de justicia", dijo Letelier a CNN Chile.
    El legislador se manifestó confiado que con las nuevas diligencias "se logre identificar de mejor forma a la agente (de inteligencia chilena) Liliana Walker, sobre las incógnitas respecto a su rol, su responsabilidad, las redes que ella tenía y que ella formaba parte", esperando además que se puedan investigar otros casos asociados a éste.
    Añadió que en los archivos se da cuenta de que el ex general Augusto Pinochet "fue quien ordenó el crimen, el coronel (Pedro) Espinoza Bravo, Manuel Contreras (los máximos jefes de la DINA, el aparato represivo de la dictadura chilena) fueron autores materiales de la ejecución de este crimen, pero ya hay documentos y queremos que se soliciten las pruebas más contundentes de la responsabilidad de Pinochet".
    "Además de Pinochet y sus agentes, hay otros que todavía no han sido procesados, que nosotros presumimos están vinculados a la Dina, por eso nos interesa la investigación del coronel (Alberto) Labbé de ese tiempo, en lo que son acciones de encubrimiento o complicidad".
    "Creemos que con nuevas diligencias y en particular a través de la hebra de Liliana Walker, esta agente, se va a descubrir la relación y la función de las acompañantes que habían con los agentes y los oficiales de la Dina", que después le dieron estructura a la Dirección de Inteligencia del Ejército, dijo el legislador. "Queremos que se investigue, que se identifiquen los responsables y que se vean respecto a los encubridores que aún están vivos", sostuvo Letelier.
    En cuanto a Pinochet, indicó que se deben solicitar otros documentos que hay en Estados Unidos para precisar su responsabilidad. Kerry entregó el pasado 6 de octubre, durante una visita a Chile, más de 11 mil páginas con documentos desclasificados donde se relata el operativo completo para asesinar a Orlando Letelier, muerto al estallar una bomba en el vehículo en que viajaba junto a su secretaria, la ciudadana estadounidense Ronnie Moffit. El atentado en Washington marcó una distancia entre la Casa Blanca y la dictadura chilena. Estados Unidos exigió la extradición de los autores intelectuales y materiales, pero el régimen de Pinochet solo aceptó extraditar al agente de la DINA, el estadounidense Michael Townley, autor material del crimen. Sin embargo, el también agente de la CIA se acogió al programa de protección de testigos y prestó colaboración a cambio de que no fuera procesado por otros asesinatos, como el del jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974, y el ataque en Roma al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa, en 1975. El mayor Armando Fernández Larios, también agente de la DINA, desertó del Ejército en 1987 entregándose a la justicia estadounidense. También se acogió al programa de protección de testigos que le permite vivir en el país del Norte con una identidad falsa.
    En Chile, el juez Adolfo Bañados logró en 1991 -ya recuperada la democracia- el primer procesamiento de Contreras y Espinoza convirtiéndose en los primeros máximos jefes de la represión en ir a la cárcel. En 1995, ambos uniformados en retiro ingresaron al penal exclusivo para militares de Punta Peuco a cumplir 7 y 6 años de cárcel. Contreras, que siempre alegó su inocencia inculpando a la Cia y cubanos disidentes de Miami, murió este año mientras cumplía más de 300 años de prisión como autor de gravísimas violaciones a los derechos humanos: muerte, tortura y desapariciones cometidas bajo dictadura (1973-1990). En Punta Peuco continúa encerrado Espinoza, condenado también por los mismos delitos que le impedirán salir de prisión. MBA/MRZ
10/11/2015 18:49