Por Margarita Bastías SANTIAGO DE CHILE, 17 (ANSA) - El gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, creó una unidad de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Defensa, con el fin de romper el pacto de silencio militar que impide llegar a la verdad sobre lo ocurrido a las víctimas de la dictadura chilena (1973-1990).
    La iniciativa surge a un mes de la denuncia de un ex conscripto que dio a conocer el nombre del oficial del Ejército que prendió fuego a dos jóvenes opositores que participaban en una protesta al régimen de Augusto Pinochet, en 1986. El ex recluta Fernando Guzmán afirmó que un "pacto de silencio" le impedía hablar y pidió perdón a la familia de Rodrigo Rojas, el joven chileno-estadounidense quemado vivo junto a Carmen Gloria Quintana, la sobreviviente que viajó de Canadá para revivir los dramáticos momentos cuando fue rociada con gasolina y luego encendida por el -hasta ahora desconocido- teniente de inteligencia en retiro, Julio Castañer. Quintana se reunió con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, un sobreviviente también de los campos de concentración de la dictadura, para exigir que las Fuerzas Armadas entreguen información sobre las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que sean dados de baja aquellos que como Castañer estaban contratados en el Ejército y sean degradados. Gómez, quien asegura que el Ejército no tiene información, decidió dar un paso más y crear una Unidad de Derechos Humanos bajo su dependencia, y designó al ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, el jubilado juez Alejandro Solís, como coordinador y encargado de recopilar la información de las Fuerzas Armadas. El acucioso magistrado se jubiló hace tres años del Poder Judicial, después de más de 40 años en los cuales le tocaron casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos bajo dictadura, como las torturas cometidas en Villa Grimaldi. Además dictó sentencia en primera instancia en el caso del atentado del ex jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert perpetrado por la Dina en Buenos Aires, en 1974.
    El ministro José Antonio Gómez precisó que la labor de Solís será servir de nexo entre las Fuerzas Armadas y los magistrados que llevan investigaciones de derechos humanos a fin de agilizarlas.
    Explicó que "la tarea que vamos a desempeñar en esta Unidad es recibir las peticiones que realizan los tribunales, focalizarlas y enviarlas a las distintas ramas".
    "A veces son preguntas genéricas, a veces son diligencias que pueden resolverse rápidamente. Por ejemplo, información global sobre un periodo de tiempo. A lo mejor hay que precisar y eso es lo que estamos buscando", agregó el ministro. Consultado Solís por los "pactos de silencio", expresó que "los jueces del crimen estábamos para dilucidar los pactos de silencio. Cuando había un delito cometido por varias personas, invariablemente nos podían estar diciendo versiones distintas, y en el momento en que se hacía el careo o se confrontaban los dichos, simplemente se acababa el pacto de silencio, así que yo diría que en ese aspecto considero positivo que se quieran eliminar -si se quiere- este tipo de trabas". El magistrado ratificó también hoy lo dicho la semana pasada en el programa "El Informante" de Televisión Nacional, donde reveló que en 2014 el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se propuso reintegrarlo al Poder Judicial para que colaborara con los jueces que investigan causas de Derechos Humanos.
    "Alejandro, quiero hacer algo que no se ha hecho nunca, quiero nombrarte asesor de los ministros que llevan causas de derechos humanos", fueron las palabras de Muñoz, según relató Solís en televisión, explicando que esta propuesta -pese a concretarse- tuvo corta vida.
    Pocos días después del ofrecimiento y el acuerdo, Hugo Dolmetsch, ministro de la Corte Suprema, le dijo: "Los militares han venido aquí a pedir que termine tu contrato". Al día siguiente el propio Sergio Muñoz le expresó: "Mira, por los incidentes que se han producido, por favor renuncia", versión que hoy -consultado por ella- Solís confirmó.
    "Yo conté un incidente que tuve en mi vida profesional. Esto no quiere decir que ese incidente se vaya a producir de nuevo, porque yo creo que los fundamentos no existen. La garantía que tengo es que sea el ministro de Defensa el que esté a cargo", dijo el juez, mientras Gómez descartó que el presunto veto hubiera venido del Ejército. MBA-MAC/ACZ
17/08/2015 23:06