Juicio sobre fondos, la hora de las defensas

(ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 05 OTT - En el juicio en el Vaticano sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado y sobre la venta del Palacio de Londres, las audiencias dedicadas a los alegatos comenzaron hoy y se prolongarán hasta el próximo 6 de diciembre, antes de que se dicte sentencia.
    Los primeros en intervenir, en la 71ra audiencia del proceso, fueron la defensa de los acusados ;;René Bruelhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente ex presidente y ex director de la AIF, la autoridad vaticana de inteligencia financiera, a la que ambos pidieron para la total absolución de sus clientes, acusados ;;de abuso de poder.
    Mañana serán los defensores de la ex manager sarda, Cecilia Marogna. Los defensores de Bruelhart, los abogados Ugo y Filippo Dinacci, intervinieron esta mañana.
    El primero recordó que los ex dirigentes de la AIF están acusados ;;de haber permitido la extorsión de la que se acusa al corredor Gianluigi Torzi, con el cobro de 15 millones de euros de la Secretaría de Estado para abandonar definitivamente el edificio de Sloane Avenue.
    Se los acusa también de no haber bloqueado el pago, concediendo así a Torzi una "ventaja injusta", en perjuicio de la Santa Sede.
    Sin embargo, el abogado Ugo Dinacci subrayó que fue el Papa quien confirmó a Bruelhart la necesidad de ayudar a la Secretaría de Estado y que existe un principio de "colaboración mutua" entre los distintos órganos de la Curia.
    Filippo Dinacci señaló que "la acusación no parece concluyente de hecho ni de derecho", precisamente porque las instituciones de la Ciudad del Vaticano tienen la "obligación legal" de "actuar con unidad de intenciones": "aquí se le reprocha, paradójicamente, haber actuado con unidad operativa", observó el abogado, y "la solicitud de sanción no tiene en cuenta que Bruelhart intervino precisamente a petición de la Secretaría de Estado".
    Además, "ninguna emergencia demuestra que existiera una relación entre Bruelhart y Torzi ni el deseo de fomentarla".
    "Una persona que hizo mucho por el Vaticano ha sido juzgada -dijo el abogado-. Sin René Bruelhart, el Vaticano todavía estaría en la lista de países sin transparencia financiera".
    Y es "una absoluta fantasía que Bruelhart actuara porque estaba esperando que le renovaran el contrato".
    Una de las conductas abusivas también habría sido la no denuncia, pero "los implicados en el asunto trabajaron para promover el interés público, no el privado".
    "Cometieron abusos porque respondieron a una petición de ayuda? Creo que los habrían cometido si no hubieran intervenido", añadió Filippo Dinacci, que concluyó pidiendo la absolución de Bruelhart principalmente porque el hecho no existe, y en el alternativa porque el hecho no constituye delito.
    Por la tarde, los argumentos de los abogados Angela Valente y Roberto Borgogno fueron similares también para su cliente Di Ruzza.
    El primero se centró en la actuación de la AIF ante la solicitud de la Secretaría de Estado del préstamo de 150 millones de euros.
    El segundo habló de "acusación sobreabundante e infundada", de "falta de intención", de acusación "muy grave e improbable" de haber actuado de mala fe para favorecer a terceros", cuando "Di Ruzza construyó su vida al servicio de la Santa Sede, importando y aplicando el procedimiento internacional contra el blanqueo de dinero".
    "¿Por qué debería distanciarse repentinamente de esta actitud para favorecer, en detrimento de la Santa Sede, temas que ni siquiera conocía?", se preguntó.
    "Necesitamos hechos, necesitamos pruebas: invito a la Procuraduría de Justicia a que nos diga exactamente de qué debemos responder", concluyó Borgogno, antes de pedir "una sentencia absolutoria para nuestro cliente con la fórmula más amplia".
    En la audiencia del pasado 26 de julio, el promotor de justicia Diddi había pedido 3 años y 8 meses de prisión para René Bruelhart, una inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos y una multa de 10.329 euros; para Tommaso Di Ruzza 4 años y 3 meses de prisión, inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos y multa de 9.600 euros. (ANSA).