En cuanto al daño sufrido por el propio IOR, el abogado también solicitó la indemnización equitativa del daño moral (múltiple) y del daño reputacional, este último estimado mediante peritaje en 987.494 (RPT: 987.494) euros.
"Fueron distraídas sumas destinadas al Santo Padre para emplearlas en inversiones especulativas -denunció el legrado Lipari en sus conclusiones-, por ello es necesario restituir los fondos al vínculo que tenían y colocarlos a la plena disponibilidad del pontífice para las necesidades de la Iglesia". "Estos fondos deben depositarse en el IOR", pidió el abogado.
"En este proceso hemos visto intentos de enriquecimiento personal, proyectos de extracción de petróleo en Angola, hemos visto el uso de instrumentos financieros en los que el administrador de los bienes eclesiásticos perdió toda posibilidad de control y el uso del dinero de la Iglesia sin ningún control y cuidado -enumeró el defensor de la parte civil IOR, en sus cuatro horas de intervención-, todas gestionadas de forma autorreferencial por un monseñor experto en derecho canónico y un contador sin experiencia alguna en inversiones financieras".
"Hemos visto el uso del dinero sin la debida diligencia, hemos visto chantajes extorsivos, hemos visto a gente de dentro solidarizarse con los extorsionadores, hemos visto enormes recursos económicos gestionados sin tener en cuenta las limitaciones impuestas por los donantes", se explayó Lipari.
Lipari recordó que el IOR - cuya denuncia al promotor de justicia, junto con la del auditor general, inició la investigación sobre la venta del edificio londinense- se constituyó parte civil para todos cargos y de todos los acusados. Seguidamente se centró en los diversos delitos, como el de malversación de fondos, que "ofenden el sacrificio de quienes aportan ofrendas a la Iglesia".
Malversación de fondos, entre otras cosas, que afectó no sólo a las ofrendas de los fieles, sino también a los beneficios puestos a disposición cada año por el IOR y reservados por la Secretaría de Estado para la disponibilidad del Papa y de la Santa Sede.
"No se trata sólo del Óbolo de San Pedro, que no dura -explicó-: por lo tanto, o los fondos del IOR o los legados puestos en reserva. Estos son los fondos afectados que el cardenal Becciu y Fabrizio Tirabassi utilizaron para endeudarse".
Respecto al edificio londinense, el abogado habló de una "inversión incompatible con el derecho canónico". "Esa inversión en el fondo Athena de Raffaele Mincione no se correspondía con el perfil del inversor -subrayó-. No sólo la hipótesis del petróleo, sino también la inversión en un fondo cerrado en el que todo el poder está en manos del gestor"- "La Secretaría de Estado no podía hacer una inversión especulativa, no era un inversionista calificado", puntualizó.
Lipari también cuestionó la hipótesis de una inversión petrolera en Angola, considerando "los daños al medio ambiente, el hecho de que se trata de un país acusado de no respetar los derechos humanos, y también las supuestas relaciones entre Falcon Oil y un narcotraficante de armas francés, Pierre Falcone".
En cuanto a la corrupción, Lipari se centró en las relaciones entre Mincione y Enrico Crasso. Sobre la estafa, la atribuyó a una "manipulación del valor del inmueble, que aumentó 101 millones de libras en un año y medio" (recordó dos informes realizado el mismo día en las que había una diferencia de precio de 49 millones de libras esterlinas)".
"¿Por qué la Secretaría de Estado debía pagar 230 millones, cuando Mincione lo tenía en su balance en 208 millones?", se preguntó.
Finalmente habló de la extorsión, en relación con la negociación con Gianluigi Torzi para abandonar la propiedad, en este caso también el papel del entonces jefe de la AIF, el presidente René Bruhlart y el director Tommaso Di Ruzza, acusados ;;de abuso de poder, "que no sólo han violado la ley, sino que han subordinado su papel, esclavizado la función pública de la AIF para un fin ilícito". Y, en definitiva, "han puesto en ridículo el sistema financiero del Vaticano", afirmó el abogado Lipari.
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