(ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 19 APR - El hermano del
cardenal Angelo Becciu, Antonino, jefe de la Cooperativa Spes de
Ozieri, que envió pruebas en el juicio vaticano sobre la gestión
de los fondos de la Secretaría de Estado, no se presentó en la
sala a declarar.
Envió un comunicado con el que se vale de la facultad de no
responder como "directo conjunto" de un imputado.
Mario Curzu, director de Caritas en Ozieri, tampoco se
presentó, pero no envió comunicación alguna. El tribunal lo citó
ahora para audiencia del próximo 11 de mayo, la última reservada
para los testigos.
Ya el pasado 8 de marzo, Antonino Becciu y Don Mario Curzu
habían desertado de la sala del Tribunal, oponiéndose, a través
del abogado, Ivano Iai, a la falta de garantías en el Vaticano
para los investigados en otros procesos, como lo es para ellos
en el Ministerio Público de Sassari, por la financiación
recibida de la Secretaría de Estado y la supuesta competencia en
malversación.
Sin embargo, el Tribunal, presidido por Giuseppe Pignatone,
consideró "infundada e inadmisible" la comunicación enviada por
el abogado, considerando que tales garantías también existían en
el Vaticano, y la ausencia de los dos testigos, que, por tanto,
habían sido convocados previamente para la audiencia, fue
"ilegítima" el 31 de marzo y luego para la de hoy.
En la nueva comunicación enviada por el hermano del carenal
Becciu, sin embargo, se remite al artículo 358 del Código de
Procedimiento Penal vigente en el Vaticano -el italiano de 1913-
que prevé la posibilidad de que los familiares cercanos de los
acusados ;;se abstengan de declarar. Por lo tanto, su renuncia
debe considerarse ahora definitiva.
En la audiencia de hoy -la 55 del juicio iniciado el 27 de
julio hace dos años- se escucharon tres testigos.
Luigi Rossi, citado por la defensa de monseñor Mauro
Carlino, confirmó la presencia de su amigo sacerdote en Caserta
el 1° de mayo de 2019. Terry Keeley, ex contador del grupo WRM
de Raffaele Mincione, respondió a una propuesta hecha en mayo de
2020 por el grupo inmobiliario Fenton Whelan para la compra por
parte de la Secretaría de Estado de la propiedad de 60 Sloane
Avenue en Londres, una expresión de interés por una suma igual a
275 millones de libras, que en su momento nunca fue contestada.
Por último, Giulio Corrado, otro colaborador de Mincione y
experto en el sector inmobiliario-financiero, cuyo testimonio
continuará en la audiencia de mañana, respondió sobre las
distintas etapas de la historia de la propiedad de Londres, las
diferentes valoraciones y los proyectos de urbanización con la
Secretaría de Estado.
Al término de la audiencia, la defensa de Gianluigi Torzi,
Fabrizio Tirabassi, Enrico Crasso y Raffaele Mincione impugnó
con otros tantos pedidos de nulidad la "indeterminación" de los
nuevos cargos formulados en la audiencia anterior del 30 de
marzo por el promotor de justicia, Alessandro Diddi, hacia sus
clientes.
La Corte se pronunciará en breve sobre las distintas
excepciones.
Se trata del "juicio del siglo", ya que nunca, desde el fin
de los Estados Pontificios (1870), un Tribunal de la Santa Sede
había emprendido una causa con un imputado principal de tan
elevadísimo rango, el cardenal Angelo Becciu, y con acusaciones
tan graves de corrupción.
Becciu, uno de los colaboradores más cercanos del papa
Francisco, y quien entonces era prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, está sospechado de haber canalizado
fondos desde la Secretaría de Estado a una cooperativa social
controlada por sus hermanos en Cerdeña en relación con la compra
de un edificio en Londres.
El edificio fue comprado por la Secretaría de Estado del
Vaticano, en una operación que acabó en estafa, por un valor de
350 millones de euros, en 2017.
En todo momento, el cardenal Becciu se declaró inocente de
las acusaciones en su contra, y admitió su voluntad de
defenderse con todos los medios posibles. (ANSA).
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