"Todos los bienes, muebles e inmuebles, incluidos los bienes líquidos y valores, que hayan sido o vayan a ser adquiridos, de cualquier forma, por las Instituciones Curiales y Entidades vinculadas a la Santa Sede, son bienes públicos eclesiásticos y como tales son propiedad de la Santa Sede en su conjunto y por tanto perteneciente, con independencia del poder civil, a su patrimonio unitario, indivisible y soberano".
Así lo afirma una Carta Apostólica en forma de Motu Proprio emitida hoy por el Papa Francisco.
De esta manera, con el Motu Proprio "Derecho Nativo", Francisco, "refiriéndose a los cánones 1254 y 1255 del Código de Derecho Canónico, aclara el carácter público eclesiástico de los bienes adquiridos por las Instituciones Curiales y Entidades vinculadas a la Santa Sede en razón de su destino universal para los fines de la Iglesia".
Así lo explicó la Secretaría de Economía lo explica en una nota: Estos pertenecen, por tanto, "al patrimonio soberano de la Santa Sede" y le permiten "operar en la historia, en el tiempo y en el espacio, para los fines propios de la Iglesia y con la independencia necesaria para el cumplimiento de su misión".
Las Instituciones y Organismos que los han adquirido y que, en virtud de la observancia de las normas civiles, los han registrado, "no son propietarios privados, habiendo actuado y deben actuar siempre en nombre y bajo la autoridad del Papa".
Aclaró además que las entidades son "fideicomisarias"de estos bienes y deben cuidar de ellos "con la prudencia que exige la gestión y según las normas y poderes que la Santa Sede se ha dado a sí misma", más recientemente con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium.
El Motu Proprio, por tanto, según la Secretaría de Economía, "no modifica las competencias ni dicta nuevas reglas, sino que reafirma un principio fundamental sobre el carácter público de los bienes y el papel de las instituciones curiales y órganos conexos, no de dueños o propietarios, sino de sujetos públicos eclesiásticos".
La disposición, concluye la nota, "encaja en la estela de las reformas esbozadas por el Papa con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium y antes con el largo proceso de reformas económicas y administrativas".
"Ninguna Institución o Entidad puede, por tanto, reclamar su propiedad o título privado y exclusivo sobre los bienes de la Santa Sede, habiendo actuado siempre y debiendo actuar siempre en nombre, por cuenta y para los fines de ésta en su conjunto", establece el Motu Proprio.
El Pontífice ordena que "lo establecido tenga valor pleno y estable, incluso derogando todas las disposiciones incompatibles".
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