Salvini, de ese modo, fue al ataque y le pidió a la Comisión de la Unión Europea un cambio claro de rumbo sobre los "tiempos, métodos y objetivos" del Pacto Verde aplicado a los automóviles.
En la misma reunión, tanto París como Berlín se abrieron a la revisión de las multas, mientras que en Italia, el presidente de Confindustria, Emanuele Orsini, pidió a Stellantis "demostrar que ama al país" y "salvaguardar el empleo" y al gobierno para duplicar al menos los 200 millones previstos para el sector.
Ese tema fue presentado en Bruselas por el ministro de Transportes, quien puso sobre la mesa de sus colegas europeos el documento oficioso elaborado con la República Checa -y apoyado por Bulgaria, Polonia, Rumanía y Eslovaquia- para anticipar al 2025 (a partir de 2026) la revisión de la prohibición de los motores de combustión interna, diésel y gasolina, a partir de 2035.
Luego intervino sobre el inminente sistema de multas que podrían ascender a 15 mil millones.
"Seguir así, hacer como si nada hubiera pasado, significa una masacre social, dejar a 14 millones de trabajadores en medio de la calle, beneficiando a las industrias chinas", añadió Salvini.
A continuación lanzó un llamamiento "al sentido común", afirmando que "es increíble" que un país como Francia "quiera ir hacia el barranco como si nada hubiera pasado".
Luego, definió como "marciana" a la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la Transición, la socialista española Teresa Ribera, quien el pasado martes aclaró que no dará marcha atrás en la prohibición del gasóleo y la gasolina a partir de 2035.
Finalmente, tras precisar que en los últimos 5 años Ursula von der Leyen "lo ha hecho todo mal", dijo confiar en que "ahora cambiará de rumbo" y que "los Patriotas serán protagonistas".
Si la idea de revisar el objetivo ya fijado para 2035 para los nuevos motores con cero emisiones no ganó terreno en la mesa de los ministros, el frente de las capitales se amplía y presionan a Bruselas para que revise el sistema de multas, que se activará ya en los próximos doce meses para aquellos que no cumplan el objetivo de reducción de emisiones del 15% con respecto a 2021 para los vehículos nuevos.
Objetivos difíciles de alcanzar -denuncian muchos gobiernos- y que a corto plazo corren el riesgo de frenar las inversiones de los fabricantes de automóviles en la transición.
El sistema de sanciones preocupa principalmente a Berlín, que pide a la UE que evalúe cómo garantizar una mayor "flexibilidad" en su imposición, "sin poner en duda, no obstante, los objetivos de electrificación fijados para 2035", señaló Volker Wissing, el ministro alemán responsable del asunto.
Una ayuda que también llega de París, que ya pide a Ursula von der Leyen "en los primeros cien días de su mandato soluciones" para permitir a los productores que se han comprometido plenamente con la electrificación "no pagar las multas".
Soluciones que el ejecutivo pretende construir junto con el sector en el marco del Diálogo Estratégico de Automoción que comenzará a dar sus primeros pasos la próxima semana con una reunión con "las partes interesadas" de Apostolos Tzitzikōstas.
Según el nuevo Comisario de Transportes, el Pacto Industrial Limpio que debería presentarse el 26 de febrero será una primera respuesta de la UE a las peticiones de crear las condiciones adecuadas para acompañar a la industria automovilística en esta transición "perturbadora y profunda".
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