De hecho, apuntó contra la justicia francesa y el procedimiento iniciado en su contra.
Durov, un multimillonario franco-ruso de 39 años, denunció, en esta primera, iniciativa de comunicación una "imprudente" acción judicial: Es "sorprendente", acusó, que alguien sea considerado responsable de crímenes cometidos por otros.
Liberado por los jueces pero con fuertes restricciones y controles de circulación (entre otras cosas, no puede salir del territorio francés), Durov emitió un comunicado en Telegram denunciando el carácter "sorprendente" y "erróneo" del procedimiento judicial iniciado en su contra.
"Utilizar leyes que datan de la era anterior a los smartphones para acusar a un CEO de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona - escribió - es un enfoque imprudente".
A su llegada al aeropuerto parisino procedente de Bakú, Azerbaiyán, Durov fue detenido por las autoridades francesas en virtud de una orden de arresto emitida por la oficina responsable de luchar contra la violencia contra los menores (Ofmin).
El objetivo son varios delitos cometidos también gracias a los mensajes transmitidos a través de su aplicación de mensajería cifrada: estafa, fraude, tráfico de drogas, ciberacoso, crimen organizado y apología del terrorismo.
En el comunicado, el magnate rechazó la afirmación de los investigadores que lo sometieron a investigación, según la cual "Telegram es una especie de paraíso anarquista", aunque admite que el fuerte aumento del número de usuarios de la aplicación -que actualmente cuantifica -950 millones repartidos por todo el mundo- generó una situación que "permitió a los delincuentes abusar más fácilmente" de la propia plataforma.
Esta situación, señaló Durov, "provoca cada vez más molestias".
Y, por eso, prosiguió, "me marqué como objetivo personal hacer que las cosas mejoren desde este punto de vista": estamos abordando el problema "desde dentro", aseguró, esperando que Telegram y la industria social en su conjunto sean "más seguros y fuertes" en el futuro.
Al término de la detención prevista por la ley francesa, el multimillonario franco-ruso fue informado de la apertura de una investigación en su contra por su "negativa a comunicar la información necesaria para las interceptaciones autorizadas por la ley" y por la "complicidad en infracciones y crímenes organizados mediante la plataforma Telegram".
Luego, fue puesto en libertad condicional, con la obligación de pagar una fianza de 5 millones de euros, no salir del territorio francés y firmar dos veces por semana en una comisaría.
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