El decreto aprobado en el Consejo de Ministros bautizado por el Gobierno como "Prisión Segura", es una primera respuesta del ejecutivo a la situación de emergencia de las instituciones penitenciarias, masificadas y marcadas en 2024 por las dramáticas cifras de suicidios en estos primeros seis meses, nunca tan altas.
En el centro de la medida está la creación de un registro de comunidades que podrán acoger a algunos tipos de reclusos - como aquellos con baja pena residual, los drogadictos y los condenados por ciertos delitos - los cuales podrán cumplir así la parte final de su condena.
Pero también hay la simplificación y agilización de los procedimientos de concesión de la liberación anticipada (o de medidas alternativas) que podría convertirse en automática.
Medidas se podrán decidir otras alternativas con carácter provisional, pero definitivamente y más rápidamente por el magistrado de vigilancia, sin pasar por el tribunal colegiado.
"Esta intervención es el resultado de una visión orientada hacia la humanización de la prisión", explicó ministro de Justicia Carlo Nordio, que reflexiona sobre la "posibilidad de transferir a la comunidad, de nuevo a través de una decisión del juez de vigilancia, a personas con trastornos mentales, toxicómanos y menores (estos últimos no se mencionan en el decreto - NDR)".
Y añadió: "Es un paso muy importante, nos acerca mucho a la reinserción social y es un remedio contra la superpoblación carcelaria, que no se debe a una decisión del Gobierno: es el magistrado quien decide sobre el estatuto libertatis. Y esto depende siempre del magistrado de vigilancia".
En cuanto a las medidas para facilitar la libertad anticipada, el ministro explicó que "no hay indulgencias gratuitas, pero se hace más seguro el procedimiento a través del cual la liberación anticipada es puesta en ejecución.
Dejaremos muy claro al detenido el camino y las condiciones para disfrutar de una liberación anticipada. Habrá una especie de "pacto" para que conozca sus derechos y los descuentos que podría obtener si se porta bien en prisión". Y aumenta el número de llamadas telefónicas para quien está confinado, de 4 a 6 al mes, con la posibilidad de una nueva suba.
"Comunicarse en términos más elásticos y mayores con las familias -sostuvo Nordio- será una pequeña ayuda que, junto con los recursos de apoyo a los presos ya puestos en marcha, es de esperar que contribuyan a hacer psicológicamente más llevadera una situación que por ser punitiva afecta al estado de ánimo y depresión del recluso'.
En cambio, se está endureciendo la medida sobre los mafiosos y terroristas: la medida prevé también cambios a la disciplina del régimen detentivo diferenciado por el considerado 41 bis con exclusión de acceso de los programas de justicia reparativa.
Incluso el subsecretario Andrea Ostellari garantizó que "no se trata de "cárceles vacías", sino de un compromiso para racionalizar la burocracia".
El espíritu del decreto no es, por tanto, resolver tout court el problema del hacinamiento en las instituciones. Ya el decreto Nordio, que se aprobará la próxima semana e interviene en la prisión preventiva, "tendrá un impacto sobre el número de reclusos que no será insignificante".
Y con acuerdos con Estados extranjeros para trasladar a los detenidos extranjeros a las prisiones de sus países", explicó el ministro, "tendríamos de 5 a 10 mil reclusos que podrían ser trasladados de los 20 mil extranjeros que hay en prisión".
En cuanto a la policía penitenciaria, se ordenó la contratación de mil funcionarios y el aumento del número de directores de centros penitenciarios, así como cambios en su formación.
En el decreto también figura el aplazamiento en un año de la entrada en vigor del Juzgado de Familia: "Hemos atendido las aspiraciones de la judicatura y de los abogados, que se quejaban de la falta de cobertura económica adecuada", explicó Nordio.
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