El Tribunal concluyó que Budapest no había adoptado las medidas necesarias para ejecutar la sentencia, destacando que dicho incumplimiento constituía una violación inédita y excepcionalmente grave del Derecho de la UE.
Según el Tribunal de Justicia, el incumplimiento por parte de Budapest se refería, en particular, a la limitación del acceso al procedimiento de protección internacional, a la detención ilegal de los solicitantes de dicha protección en zonas de tránsito y a la falta de respeto de su derecho a permanecer en territorio húngaro en espera de una resolución definitiva sobre el recurso interpuesto contra la desestimación de su solicitud, así como la expulsión de ciudadanos de terceros países en residencia ilegal.
La Comisión Europea presentó entonces una nueva denuncia ante el Tribunal por incumplimiento solicitando la imposición de sanciones contra Budapest, al considerar que Hungría aún no había cumplido la sentencia de 2020, a excepción de las zonas de tránsito que ya habían sido cerradas antes del pronunciamiento de la sentencia.
Con la sentencia de hoy, el juez europeo constató que Hungría no adoptó las medidas necesarias para la ejecución del veredicto de 2020, impugnando la violación del principio de cooperación leal.
Según el Tribunal de la UE, Budapest evitó deliberadamente aplicar la política común de la UE en materia de protección internacional en su conjunto, así como las normas sobre la expulsión de nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente.
Un comportamiento que, para el juez europeo, constituye una importante amenaza a la unidad del Derecho europeo, que perjudica de forma extraordinariamente grave tanto los intereses privados, es decir, el de los solicitantes de asilo, como el interés público, causando graves daños al principio de solidaridad y un reparto justo de la responsabilidad entre los Estados miembros.
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