Después de dos años de negociaciones, el Consejo de la UE ha dado su aprobación final por unanimidad (con la ausencia del representante de Dinamarca) a la nueva directiva que contiene medidas para prevenir la violencia de género y establece estándares europeos para la protección de las víctimas.
Es un avance en la lucha por los derechos de las mujeres, con una barrera europea contra los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina.
Sin embargo, tras grandes polémicas y protestas, especialmente por parte de las asociaciones feministas, al final no incluye la definición de violación como delito europeo.
Durante las negociaciones, no hubo consenso entre los estados miembros para definir la violación en toda la Unión como "relación sexual no consensuada", como se sugería en el texto originalmente propuesto por la Comisión.
El ejecutivo comunitario podría ahora volver al tema con una próxima recomendación diseñada "para prevenir y combatir eficazmente la violencia de género" e "integrar el texto de la directiva", según lo filtrado.
La Comisión ya está trabajando en el proyecto, que como se sabe no es vinculante para los Estados miembros, y se espera que lo apruebe según la agenda provisional del colegio de comisarios el 19 de junio, justo después de las elecciones europeas.
La directiva aprobada, además de establecer una serie de medidas contra la violencia, obliga a todos los países de la UE a considerar como delitos la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la violencia cibernética, como el intercambio no consensuado de imágenes íntimas.
Según el texto, estos delitos serán castigados con penas de prisión que van desde uno hasta cinco años.
El nuevo texto legal europeo también señala una amplia lista de circunstancias agravantes, como cometer el delito contra un niño, un ex cónyuge o pareja, un funcionario público, un periodista o un defensor de los derechos humanos, que conllevan penas más severas.
Para proteger la privacidad de las víctimas y prevenir la victimización repetida, los Estados miembros también deberán garantizar que las pruebas relacionadas con la conducta sexual pasada de la víctima solo se admitan en el proceso penal si son pertinentes y necesarias.
"Es un momento fundamental para fortalecer los derechos de las mujeres. La verdadera igualdad solo ocurrirá cuando las mujeres puedan vivir sin temor a sufrir acoso, agresiones violentas o daños físicos. Esta ley es un paso importante para lograrlo", comentó Marie-Colline Leroy, Secretaria de Estado belga para la Igualdad de Género y presidenta en funciones de la reunión.
Después de la aprobación final del Consejo, los Estados miembros tendrán ahora tres años para transponer la directiva en su legislación nacional.
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