La confianza de los italianos en la justicia es muy contenida, decididamente baja, como así también su reconocimiento por el trabajo de los jueces.
Son algunos aspectos que surgieron de la investigación sobre "Los italianos, la Justicia y los jueces", realizada por Astraricerche y expuesta en la sala de prensa de la Cámara con motivo de la presentación del Observatorio de los Laicos en el Ordenamiento judicial.
El informe incluye alrededor de mil entrevistas con personas de entre 18 y 70 años.
El director de Astraricerche, Cosimo Finzi, informó que menos de un tercio de la muestra tiene altas calificaciones por el trabajo de los jueces de primera instancia, civiles y jueces de paz (32,9%), más o menos lo mismo para los jueces y fiscales de primera instancia penal (32%), y abogados (29,9%).
Un nivel de confianza muy limitado, señaló Finzi.
"Creo que es importante entender cuál es la percepción que los ciudadanos tengan justicia en el mundo. El 61% de confianza en los abogados me da esperanza sobre cuánto se entiende nuestro rol social como defensores de derechos", afirmó Antonino La Lumia, presidente del Colegio de Abogados de Milán y Tesorero del Cuerpo Forense del Congreso.
En la mayoría de los casos, la experiencia directa con la administración de justicia se da a través de la figura del abogado.
El 75% de los entrevistados tuvo contacto dirigido al menos una vez (18,4% muchas veces) con un abogado, y el 47,1% tuvo que tratar con un juez, al menos una vez en juicios civiles o de paz, con los magistrados del proceso penal (31,9%) y del ministerio público (30,3%).
Si resulta procesado, por un hecho en el que se cree tener razón, la confianza de ser colocado ante la justicia es baja.
Quienes tienen mucha o suficiente confianza son solo poco más de uno de cada tres entrevistados (37,8%), 34,9% sí confían más o menos y hasta el 27,4% tiene poco o incluso nada confianza: se trata en particular de mujeres de entre 55 y 70 años (42%) y de 35 a 44 años (35%).
Los italianos confían en propio abogado (61% mucho o algo) que las leyes (39,7%) o los jueces por las que se debe ser juzgado (39,4%).
Cuando se pregunta quién evalúa a los jueces, la opinión dominante es que su trabajo esté sujeto a control por los sujetos responsables.
Sólo el 12,3% cree que ningún sujeto debe llevar a cabo ese control, aproximadamente uno de cada tres entrevistados indica qué persona es responsable del control y evaluación del trabajo de los jueces - el Tribunal Constitucional (31,9%) u otros magistrados, una de sus asociaciones, o uno de sus órganos representativo (31,2%).
Además, casi el 80% de los encuestados afirma haber escuchado nombrar al Consejo Superior de la Magistratura (CMS): el 35,9% también conoce su papel, seguimiento y evaluación de la actividad de los magistrados Sin embargo, uno de cada cinco entrevistados ni siquiera conoce la existencia del CMS, el cual es considerado fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial por un 50,6% de los entrevistados.
Pero una gran parte también cree que el CMS está en conflicto de intereses porque los jueces son evaluados por otros jueces (48,8%) y que la composición no garantiza la independencia de la política (47,7%).
Según el informe, asimismo, se consideraría correcto que la valoración de los jueces fuera realizada con la participación o el voto principalmente de ciudadanos, a través de sus propios comités especialmente creados (42,3%).
Finalmente, se espera la participación de abogados mucho más de lo que se cree que es el caso de hoy (28,2% mientras que hoy en 5,8%).
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