Sin embargo, en su sentencia el Tribunal también afirmó que la ley de 2013 "puede justificarse por el objetivo de garantizar un mayor nivel de protección del medio ambiente siempre que se base en nuevas pruebas científicas relativas a la protección del medio ambiente que hayan salido a la luz desde la adopción de una norma de la Unión Europea, y siempre que el Estado comunique a la Comisión las medidas previstas y los motivos de su adopción".
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