El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno del poder judicial, dio hoy cuenta a la Unión Europea (UE) de lo que considera "graves episodios de ataque al Estado de Derecho" en España.
Ayer ya expuso en un comunicado que lo considera "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes".
El acuerdo de los dos partidos anunciado ayer que facilitará la investidura del premier en funciones, el socialista Pedro Sánchez, alude, por exigencia del ex presidente regional catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica de 2017, al "lawfare", es decir, el uso ilegítimo de la justicia para combatir a los rivales políticos.
Pero está redactado de una forma tan ambigua que dio pie a interpretar que se podría dictaminar una prevaricación judicial desde el Congreso de los Diputados.
"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto "lawfare" o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", reza el texto del acuerdo.
El PSOE tuvo que aclarar después que no se prevé la creación de comisiones de investigación para detectar casos de supuesta judicialización de la política y que el parlamento no revisará ninguna sentencia o resolución judicial.
Además del CGPJ las cuatro asociaciones de jueces más representativas -tanto conservadoras como progresistas- emitieron un comunicado conjunto -algo inédito- en el que mostraron su temor por lo que podría suponer la "intromisión en la independencia judicial" y la "quiebra de la separación de poderes".
También los fiscales se sumaron a las voces críticas al acuerdo, con un comunicado de las tres asociaciones en el que, en los mismos términos que los jueces, critican el "ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio" al Estado de derecho.
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