El pacto se compromete a "resolver el conflicto histórico" de Cataluña y además de la ley de amnistía al proceso independentista que culminó con la declaración unilateral de independencia de 2017 incluye un mecanismo independiente internacional de verificación que "compruebe el cumplimiento de los acuerdos y también los avances".
Por este acuerdo se abrirá una mesa de negociación durante la legislatura en la que Puigdemont sigue pidiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, al que Sánchez se opone.
Además, a lo largo de la legislatura, Junts per Catalunya reclamará la cesión del "100% de los tributos que se pagan en Cataluña" (actualmente los principales impuestos se ceden al 50% a las regiones).
El documento pactado insiste en que la "resolución" del conflicto "debe ser negociada y acordada", una renuncia implícita a la vía unilateral de independencia, como la que tuvo lugar en 2017.
La ley de amnistía abarca desde 2012, es decir, incluye de esta forma los preparativos de la consulta soberanista organizada por el entonces presidente regional catalán, Artur Mas, el 9 de noviembre de 2014, hasta el día de hoy.
Se calcula que beneficiará a un millar de personas, entre ellas cargos intermedios, alcaldes y funcionarios, afectadas por varias causas por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición.
El acuerdo se produce a 18 días de que expire el plazo límite después de las elecciones del 23 de julio y la sesión de investidura de Sánchez, que necesita los siete votos de Junts, se celebrará seguramente la próxima semana.
Puigdemont dijo en una comparecencia sin preguntas en Bruselas que "no hemos asumido que hayamos cometido ningún delito, no tenemos que pedir perdón, mantenemos la posición".
El líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, del PP, acusó a Sánchez de haber cedido "al chantaje del independentismo" catalán para conseguir su investidura, comparó el acuerdo con la intentona golpista de 1981 y llamó a una movilización este domingo en contra del pacto con Junts.
El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, dijo que el acuerdo abre la puerta a un gobierno "golpista".
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