Así lo anunció el propio primer ministro, el socialista António Costa, en una entrevista con CNN Portugal.
La ley actualmente prevé un impuesto fijo del 20% para profesionales calificados y nómades digitales, y del 10% para jubilados.
Estos últimos hasta 2020 gozaban de una exención total del pago de impuestos, un régimen fiscal del que se habían beneficiado muchos ciudadanos extranjeros, no solo europeos, y los propios emigrantes portugueses que recibían una pensión desde el exterior.
De estas facilidades estuvieron siempre excluidos los ex empleados de las administraciones públicas y quien tenía la residencia en Portugal en los 5 años precedentes al requerimiento.
No obstante, a pesar del recorte del gobierno, quienes ya disfrutan de estos beneficios podrán seguir haciéndolo durante todo el período establecido por la ley, es decir, 10 años.
Los italianos, entre los más entusiastas de las facilidades fiscales (además de la alta calidad de vida del país), invadieron con los años Lisboa, Porto, Chaves y la región meridional de Algarves.
Según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) disponibles (2021), son más de 3.500 los connacionales que eligieron Portugal: eran menos de mil en 2017.
En total se beneficiaron unas 10.000 personas, en su mayoría jubilados franceses y británicos, además de los italianos.
Esta capacidad de atracción de extranjeros adinerados desde 2009, año en el que la primera versión de la medida entró en vigor, es considerada una de las causas del aumento de los precios de los inmuebles en las grandes ciudades, que hoy provoca siempre más descontento.
De acuerdo con un estudio de la fundación Francisco Manuel dos Santos, entre 2012 y 2021 el costo de los alojamientos aumentó el 78% en Portugal, contra el 35% de la entera UE. Solo en el último año la suba fue del 11%.
"El mantenimiento de tal medido equivaldría a prolongar la injusticia fiscal y sería un modo indirecto para continuar aumentando los precios del mercado inmobiliario", declaró Costa, y anunció contextualmente una nueva congelación de los aumentos del alquiler.
Para el año en curso el límite se había fijado en el 2%. El año que viene, añadió el primer ministro, no debería ser necesario repetir la misma medida, pero en cualquier caso el gobierno lo está debatiendo con las asociaciones de inquilinos y propietarios.
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