La hoja de ruta se logró luego de una reunión que duró unas dos horas, tras el último consejo de ministros antes de la pausa estival.
Esbozadas una serie de intervenciones que van desde el fortalecimiento de las dotaciones hasta la ampliación de las fuerzas del orden.
Y en el tintero también hay un endurecimiento de las expulsiones de inmigrantes irregulares y un aumento de las penas para quienes cometan ataques o acciones violentas contra miembros de las fuerzas policiales.
Fue el propio titular del Ministerio del Interior, después del feminicidio en Rovereto, el brutal asesinato de Iris Setti, de 60 años, a manos de un ciudadano irregular y sin hogar, en anunciar una serie de iniciativas para ser presentadas en uno de los primeros Consejos de Ministros tras la pausa estival.
"Ya estamos trabajando para presentar un paquete de normas para fortalecer aún más todas las herramientas con las que cuentan los cuerpos policiales para contrarrestar los fenómenos delictivos más recurrentes y la inseguridad ciudadana", anunció Piantedosi quien, sobre el episodio de Rovereto, instó al Jefe de Policía ideas para entender "si hubo algo que no funcionó" en términos de prevención.
En la reunión del lunes por la noche en el Palacio Chigi, por lo tanto, se sentaron las bases, "delineados los contornos" de las medidas en las que el Ministerio del Interior trabajará en las próximas semanas.
La atención se centrará en las nuevas incorporaciones al personal. Más hombres en los distintos cuerpos policiales para garantizar "una mayor presencia de agentes en la calle", pero también más medios: se incrementarán las dotaciones y se desarrollarán herramientas para una mejor cualificación de los policías locales. Incluso se prevén medidas ad hoc para combatir el fenómeno de las pandillas jóvenes y, de manera más general, para combatir la violencia juvenil, elevando los niveles de seguridad en las ciudades.
El capítulo central del paquete está vinculado, sin embargo, a las expulsiones de migrantes irregulares y en particular de aquellos sujetos problemáticos y peligrosos entre sí, con conductas violentas a sus espaldas.
El objetivo del Viminale es, por tanto, aumentar la presencia de centros de repatriación (CPR) en el territorio, por un lado, y agilizar los procedimientos y acelerar la expulsión de sujetos que den señales reiteradas de peligro social por otro.
"La primera ministra y el ministro -explicó el subsecretario interno Nicola Molteni que participó en el comité de orden y seguridad en Rovereto- sintieron la necesidad de presentar un paquete de seguridad para acelerar la eliminación de sujetos peligrosos y violentos".
La voluntad, explicó, es "contar con procedimientos simplificados que permitan que sujetos con un perfil delictivo importante o patologías psiquiátricas no representen un peligro para el territorio".
El cambio normativo que estudia el Gobierno, dijo Molteni, es el de "permitir la salida inmediata a través de los centros de detención para las repatriaciones".
"El gobierno va en la dirección correcta", comentó el secretario de Coordinación para la Independencia Sindical de las Fuerzas Policiales (COISP), Domenico Pianese, quien, sin embargo, advirtió: "es necesaria una intervención también en la legislación penal, precisamente para evitar que estos sujetos, socialmente peligrosos y que reinciden en delitos violentos, se beneficien de penas reducidas o atenuantes circunstancias que frustrarían la labor de la policía".
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