Varias protestas se registraron hoy en el sur de Italia, principalmente en Nápoles, después de que el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, decidiera abolir el beneficio de la renta de ciudadanía para las personas consideradas aptas para trabajar.
Cerca de 169 mil familias fueron informadas por mensaje de texto que ya no recibirán el subsidio, y muchas de ellas no sabían que perderían la ayuda.
En Nápoles, los manifestantes se reunieron en una oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS) de Italia. Los líderes del acto tuvieron una reunión con el director de la sucursal.
En total, más de 21.500 familias en la provincia de Nápoles reciben ingresos de ciudadanía.
En Terrasini, en la provincia de Palermo, un desempleado de 60 años invadió la alcaldía y amenazó con incendiar el lugar tras recibir la notificación del recorte de beneficios.
Muchos alcaldes de la región también pidieron explicaciones y ayuda al gobierno nacional.
La diputada Elly Schlein, secretaria del Partido Demócrata (PD), el mayor partido de centroizquierda y principal fuerza opositora, acusó al gobierno de Meloni de ser "brutal" con "las personas que tienen dificultades para preparar el almuerzo y la cena".
El primer ministro italiano, por su parte, argumenta que el programa fracasó porque quitó el incentivo a los desempleados para buscar trabajo, además de ser muy susceptible de fraude.
Con las nuevas medidas, la renta básica será sustituida por dos nuevas prestaciones. El primero es el llamado "subsidio de inclusión", que ayudará a las familias que el gobierno considera más frágiles, es decir, aquellas que tienen al menos un menor, un adulto mayor o una persona con discapacidad.
El segundo, en cambio, se denomina "Apoyo a la Formación y el Trabajo" y estará dirigido a familias que tengan al menos un miembro en condiciones de trabajar. La nueva herramienta es menos consistente y con restricciones más estrictas.
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