Los ataques a las sedes diplomáticas italianas, hechos ocurridos en Berlín y Barcelona, más una bomba incendiaria lanzada en una comisaría de Roma, están siendo investigados por el fiscal de la capital italiana como "actos de terrorismo".
"Esta violencia y las protestas (de grupos anarquistas, NDR) están sucediendo nuevamente y es una situación que deberá analizarse de cerca. Es un fenómeno seguido de cerca en todo el país" por las autoridades, afirmó hoy el jefe de la Policía, Lamberto Giannini, al hablar de los enfrentamientos durante la manifestación de los anarquistas en Roma el pasado sábado.
"Estamos haciendo investigaciones para determinar todas las responsabilidades. Más de 40 personas ya fueron identificadas y denunciadas ante las Autoridades Judiciales. Los videos están siendo observados para determinar las responsabilidades individuales", indicó el funcionario policial.
"Daños e incendios agravados con fines terroristas", estos son los delitos que en principio está tipificando la Fiscalía de Roma en los expedientes abiertos tras las acciones anarquistas contra el consulado italiano en Barcelona y contra el coche de un funcionario de la embajada italiana en Berlín. Las diligencias están a cargo de los magistrados antiterroristas que han encomendado las investigaciones a los agentes de DIGOS (división de la policía federal) y los carabineros de la división especial.
Creo que el Estado "no debe dejarse intimidar por quienes piensan que están amenazando a sus funcionarios", dijo la primera ministra, Giorgia Meloni, al margen de la presentación del proyecto "Polis - Casa de los servicios digitales" de Poste Italiane, hablando del caso Alfredo Cospito.
Cospito es un militante anarquista italiano, que lleva más de un mes en huelga de hambre como protesta al régimen de aislamiento al que está sometido desde mayo pasado. Otros tres presos se han unido a él en solidaridad.
Se le ha aplicado el llamado "régimen del 41-bis", una "cárcel en la cárcel". El esquema de reclusión está establecido en el artículo 41-bis del Código Penal italiano, que fue aprobado al calor de las matanzas mafiosas perpetradas en 1992.
Es un mecanismo de extrema dureza, que algunos juristas incluso consideran inconstitucional.
El subsecretario de Gobernación Emanuele Prisco espera "que se confirme la prisión dura" para Cospito. "También posponer una señal clara y decisiva porque las condiciones no se tratan con violencia", dijo en Perugia entrevistado por ANSA. "La violencia nunca se tolera -subrayó Prisco- y ciertamente este no es el gobierno que se deja intimidar por quienes la cometen. No es cuestión de quien la anima. También deseo expresar toda mi solidaridad con las instituciones y personas objeto de violencia por parte de esta presunta y cada vez más clara red anarquista y sobre todo por parte de las fuerzas del orden".
"Es evidente que el largo reguero de sangre y ataques atestiguan cómo ese hombre es capaz de dar señales externas con agresiones y violencia contra las instituciones. El Estado no puede retroceder", apuntó el subsecretario de Justicia Andrea Delmastro Delle Vedove, de visita hoy en la prisión de Biella, en el norte del país.
También rechazó la hipótesis de clemencia para el anarquista detenido bajo el régimen del 41 bis en la prisión de Sassari, en Cerdeña. "En lo que se refiere al aspecto político, no se debe retroceder en el 41 bis, en la cadena perpetua. Son herramientas especiales para hacer frente a las mafias y al terrorismo anarquista. La aplicación corresponde al poder judicial, pero nunca lo privaremos de esta herramienta", agregó el subsecretario.
Esta prevista para hoy una reunión del Consejo de Ministros, que facilitará información de los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Justicia sobre el caso Cospito.
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