Los militantes de la asociación habían iniciado un procedimiento ante el juzgado laboral en octubre de 2021, alegando que los organizadores del concurso imponían cláusulas discriminatorias a las jóvenes candidatas, como las condiciones de admisión (al menos 1,70 de altura y ser "representativos de la belleza").
Los miembros de Bobigny, cerca de París, reconocieron "la existencia de un trabajo y un proceso de contratación" en la selección de candidatas al concurso de belleza pero rechazaron otras peticiones de las feministas, las cuales consideraron que se trata de "una decisión intolerable que continúa la contratación discriminatoria e ilegal".
Además, la asociación se reservó el derecho de apelación. Las feministas cuestionaron entonces la naturaleza de la relación jurídica entre los organizadores y las candidatas, que desde el año pasado firmaron un contrato laboral con la producción del programa como "modelos".
Para las feministas, sin embargo, esta relación laboral no debe comenzar 3 días antes de la competencia, sino tan pronto como las selecciones regionales.
En la audiencia de noviembre pasado, la presidenta de la Sociedad Miss Francia, Alexia Laroche-Joubert, dijo que el asunto no le incumbía ya que ella era responsable únicamente de la elección nacional.
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