Una de las organizaciones participantes, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, pidió a los Estados miembros de la ONU que exijan a Ortega investigar los crímenes de lesa humanidad y que derogue las leyes que vulneran los derechos elementales en la ciudadanía.
En su informe, titulado "Estado de la libertad de expresión, prensa y derechos digitales en Nicaragua", el director ejecutivo de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), Guillermo Medrano, sostuvo que el país "atraviesa una de sus peores crisis de violaciones a derechos humanos" y que desde abril de 2018 "el Estado, a través de sus instituciones, han desatado una feroz represión en la que incluye como víctimas a periodistas y comunicadores".
Al menos 275 periodistas y comunicadores tuvieron que marchar al exilio, según Medrano.
En Nicaragua "se han aprobado al menos 17 leyes represoras, las cuales han permitido el cierre casi total del espacio cívico en el país. Se han cancelado al menos 5.400 organizaciones las cuales, en su mayoría, han sido confiscadas. Situación que, además, ha generado un desplazamiento forzado de personas que eran parte de estas organizaciones", señaló el defensor de derechos humanos, Salvador Marenco.
Desde 2019, añadió Marenco, se han producido cuatro etapas de represión contra la Iglesia, que van desde el encarcelamiento y la persecución a líderes religiosos hasta el destierro de 53 sacerdotes y obispos.
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