De acuerdo con un documento del fiscal de la CPI, Karim Khan, visto por Repubblica, Italia no "respetó su obligación de colaborar con la Corte Penal Internacional" y, al permitir el regreso de Almasri a Libia, "expuso a las víctimas y testigos, así como a sus familias, a un riesgo potencial y grave de daño".
El fiscal "señala las omisiones del ejecutivo", escribe el periódico.
Italia -se lee en el documento citado por el periódico- fue correctamente informada de la solicitud de detención la tarde del sábado 18 de enero, antes de la detención de Almasri. La transmisión se realizó a través de los canales indicados por Italia, concretamente la embajada. El ministerio de Justicia afirma que la comunicación no fue leída hasta el 20 de enero.
'Incluso si así fuera - argumenta Khan- sería irrelevante. El hecho de que las autoridades competentes no hayan adoptado las medidas de coordinación interna necesarias no constituye en sí mismo una justificación válida para no adoptar las medidas. El retraso en la transmisión y la falta de coordinación interna constituyen un incumplimiento de la solicitud de cooperación".
El gobierno italiano siempre ha dicho que fue la Corte de Apelación de Roma la que liberó a Almasri de prisión por falta de diálogo entre el tribunal y el ministerio.
"Aún aceptando esta interpretación de la ley, cuestionada por la mayoría de los comentaristas académicos -se lee en el documento de la CPI citado por Repubblica- el ministerio debería haber respondido a la solicitud del fiscal general y haber remitido las solicitudes el 20 de enero", lo que habría permitido al Tribunal de Apelación ordenar nuevamente la medida cautelar. Esa falta de transmisión equivale, según Khan, a "incumplimiento de una solicitud de cooperación".
El fiscal también observa que algunas de las cuestiones destacadas por Italia no hicieron que las autoridades italianas "consultaran a la Corte para resolverlas. Si lo hubieran hecho, las cuestiones habrían quedado aclaradas y resueltas el 20 de enero".
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