Veintitrés días después de haber emitido una orden de arresto internacional contra el carcelero libio, la CPI ha decidido solicitar a Roma explicaciones formales sobre los motivos que llevaron a las autoridades italianas a ignorar la solicitud de entrega, en aparente violación de sus obligaciones de cooperación. Entre los guardianes del Estatuto de Roma, la discreción es máxima, pero según la evaluación de juristas y expertos cercanos a la Corte, el riesgo de que el expediente llegue al Consejo de Seguridad de la ONU es más que real, aunque el proceso podría ser largo. No hay, en cambio, ninguna investigación en curso contra la primera ministra Giorgia Meloni ni contra los ministros Carlo Nordio y Matteo Piantedosi, a pesar del recurso presentado por un refugiado sudanés que fue víctima de las torturas de Almasri.
El caso, abierto el 2 de octubre pasado a petición del fiscal jefe de la CPI, ha estado en el centro de las deliberaciones de la Sala de Cuestiones Preliminares I en La Haya durante semanas. La jueza rumana Iulia Motoc lidera el proceso, acompañada por las magistradas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera. Fueron ellas quienes, el 18 de enero, aprobaron la orden de arresto contra el general libio, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde febrero de 2011 en la temida prisión de Mittiga.
La decisión contó con una "opinión en disenso" de la jueza mexicana Flores Liera, una diplomática de alto perfil, quien argumentó que la CPI no tenía jurisdicción sobre el caso. El gobierno italiano utilizó esta disidencia como argumento para señalar, en palabras del ministro Nordio, el "embrollo" cometido por la Corte de La Haya. El vicepremier Matteo Salvini, desde Israel, también apuntó contra la CPI, reiterando sus "dudas" sobre la orden de arresto emitida contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Las próximas decisiones en la creciente tensión entre el gobierno italiano y la CPI estarán dictadas por el Estatuto de Roma, el documento fundacional de la Corte, y por el reglamento 109 de la misma CPI, que contempla la posibilidad de remitir el caso a la Asamblea de los Estados Parte o al Consejo de Seguridad de la ONU. Si las juezas concluyen que Italia ha incumplido su obligación de cooperar, el caso no se quedará solo en La Haya —que ejerce jurisdicción sobre Libia gracias a una resolución del propio Consejo de Seguridad— sino que podría trasladarse directamente a Nueva York, donde la CPI enfrenta cada vez más la hostilidad de Donald Trump. Mientras, Europa observa con preocupación la presión del expresidente estadounidense sobre la justicia internacional, y se prepara una nueva estrategia para proteger a la Corte y a sus jueces de las sanciones económicas y restricciones de visado que amenaza imponer la Casa Blanca. El arma que podría utilizarse es un escudo legal, conocido como estatuto de bloqueo, actualizado en 2018 para proteger a las empresas europeas de las sanciones impuestas a Irán por la primera administración de Trump. Sin embargo, la decisión podría dividir a Europa, como ocurrió la semana pasada cuando se firmó el texto de la ONU en apoyo a la CPI. Aunque el documento fue respaldado por Ursula von der Leyen, Italia se desmarcó, siendo el único país entre las grandes potencias en unirse a Hungría, Austria y la República Checa en su oposición.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA