La Fiscalía de Roma vuelve a estar en la mira, tras la inscripción en el registro de sospechosos de la Primera Ministra, del Subsecretario Alfredo Mantovano, Autoridad Delegada para la Seguridad de la República y por tanto responsable de la inteligencia, y de los ministros Carlo Nordio (Justicia) y Matteo Piantedosi (Interior), por el caso Najeem Osema Almasri Habish. Se trata del jefe de la policía judicial libia acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI) y que el gobierno italiano decidió ponerlo en libertad.
Ahora también emerge el caso de Gaetano Caputi, jefe de gabinete de Meloni, quien el año pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía de Roma a raíz de unos artículos sobre sus negocios publicados en el periódico Il Domani. Se abre un procedimiento por revelación de secretos (el fiscal encargado del expediente es Maurizio Arcuri) y los investigadores, en sus pesquisas, encuentran tres accesos a la cuenta de Caputi realizados en 2023 por agentes de AISI en la base de la Agencia Tributaria.
En junio, Lo Voi escribió a la entonces directora del DIS, Elisabetta Belloni, para pedirle los nombres de los agentes y el motivo de los accesos. La respuesta llegó un mes después en forma de un documento de diez páginas firmado por el director del AISI, Bruno Valensise y clasificado como "confidencial", que detalla las acciones de los 007 en las tres investigaciones ordenadas sobre el funcionario.
Pero ese documento está incluido por el fiscal en el expediente entregado a los abogados de los periodistas investigados. La información confidencial se publicó luego en el periódico. Eso violó, según la DIS, el artículo 42 numeral 8 de la ley 124 de 2007, que establece: "si la autoridad judicial ordena la exhibición de documentos clasificados respecto de los cuales no se invoca el secreto de Estado, los documentos son entregados a la autoridad judicial solicitante, la cual cuida de su conservación en formas que protejan su confidencialidad, garantizando el derecho de las partes en el proceso a visualizarlos sin extraer copia. Para ver, sin hacer copia".
Pero, el documento completo fue publicado en el periódico, que, por lo tanto, tenía la copia. Ahora el DIS se ha dirigido a la Fiscalía de Perugia, encargada de investigar a los jueces de instrucción en la capital, para comprobar si se ha violado la ley.
El asunto, al parecer, ha minado la confianza de la comunidad de inteligencia en la fiscalía de Roma debido al riesgo de que la identidad y las actividades de los servicios puedan verse comprometidas por la divulgación de documentos clasificados.
El ministro Nordio también podría iniciar una acción disciplinaria, con el envío de inspectores y una evaluación por parte del CSM. Mientras tanto, hay quienes defienden al fiscal de Roma. Mientras que los diputados laicos de centroderecha del CSM han pedido medidas disciplinarias contra él, el consejero independiente Andrea Mirenda ha solicitado, en cambio, un procedimiento para proteger al jefe de la Fiscalía de Roma después de las críticas "inaceptables" de la primera ministra, que había señalado a Lo Voi como "la misma persona del fallido proceso a Matteo Salvini por secuestro".
La crítica está permitida, pero en este caso, para Mirenda, ha desbordado "en un cuestionamiento radical de la propia función judicial".
Pero la complicada lucha judicial cuerpo a cuerpo entre el fiscal y el Gobiernoi -que comenzó con el caso del avión estatal revocado para sus traslados de Roma a Palermo, seguido por el recurso del magistrado- no termina aquí. En Perugia ha llegado también otra denuncia, presentada por el abogado Luigi Mele contra Lo Voi y el abogado Luigi Li Gotti, que plantea la hipótesis de que el magistrado ha sido imputado por los delitos de omisión agravada de deberes oficiales y desacato a un órgano político por el caso Almasri.
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