Con el control del Congreso, a diferencia de su primera presidencia (2017-2021), los migrantes anticipan que las deportaciones masivas planificadas por el presidente electo son un hecho.
No está claro cómo se llevarán a cabo exactamente las deportaciones y cómo se verán afectadas las familias. Pero un estudio reciente del Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa a favor de la inmigración, estimó que hasta 4 millones de familias de estatus mixto, donde algunos miembros son indocumentados y otros son ciudadanos estadounidenses, podrían ser separadas.
En estados como Arizona, Colorado y Pensilvania, las familias de estatus mixto, los solicitantes de asilo y los defensores dicen que están planeando escenarios en los que los niños podrían ser separados de sus padres.
En Pensilvania, Lillie, una ciudadana estadounidense que no quería usar su apellido por preocupación por la seguridad de su familia, está casada con su marido indocumentado hondureño desde hace 10 años. La semana pasada, llevó a sus hijos nacidos en Estados Unidos a obtener sus pasaportes y planea obtener un poder notarial en caso de que su esposo sea deportado, dijo.
"Si algo sucede y mi esposo es detenido o deportado, sería muy difícil para mí obtener pasaportes para mis hijos, para nuestros hijos, para poder salir del país para ir a verlo", anticipó Lillie.
Su marido fue detenido en 2017, durante la última administración Trump, durante unos dos meses. La experiencia lo ha afectado "mental y emocionalmente", dijo la mujer. "Ha dejado claro que si volviera a suceder, no sería 'Quedémonos y peleemos'. Sería 'Vamos', porque no quiere quedarse en detención de nuevo".
A lo largo de su campaña presidencial en 2024, Trump ha reunido a los partidarios con la promesa de que promulgará el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Y aunque ha dicho que comenzará priorizando a los no ciudadanos criminales para la deportación, el expresidente y su nueva administración no han descartado separar o deportar a las familias completas.
Cuando CBS News le preguntó el mes pasado si había una manera de llevar a cabo deportaciones masivas sin separar a las familias, Tom Homan, que desde entonces ha sido nombrado como "zar fronterizo" de Trump, dijo: "Las familias pueden ser deportadas juntas".
Trump y su equipo de transición todavía están desarrollando planes específicos de deportación masiva, pero fuentes familiarizadas con la planificación dijeron recientemente a NBC News que se está considerando reiniciar la detención familiar y potencialmente construir más instalaciones de detención en ciudades no fronterizas de los Estados Unidos.
Una ciudadana del estado de Texas, incluso, dijo que entregará parte su terreno para construir un centro de detención temporal.
En Tucson, Arizona, la Coalición de Derechos Humanos, un grupo de más de 10 organizaciones sin fines de lucro, está ayudando a las familias indocumentadas y de estatus mixto a crear "paquetes de emergencia" antes de posibles deportaciones masivas. La idea, dicen los organizadores, se basa en parte en experiencias pasadas en las que los padres han sido detenidos o deportados mientras sus hijos estaban en la escuela.
"Tuvimos casos en los que no pudieron ponerse en contacto con la madre, sus amigos", dijo la cofundadora de la coalición, Isabel García.
El "paquete de emergencia" incluirá documentos clave como un poder notarial para la autoridad parental, contactos familiares de emergencia y los registros escolares de un niño.
"Más personas han venido a nuestras reuniones. Hemos tenido más personas llamándonos desde el triunfo de Trump. Ahora estamos inundados de gente", dijo García.
Los organizadores de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson dicen que se están preparando para el impacto de la Proposición 314, una ley estatal de inmigración y aplicación de fronteras de línea dura que los votantes de Arizona aprobaron en noviembre.
La medida convierte en un delito estatal entrar ilegalmente en Arizona y permite que las fuerzas del orden locales arresten a los no ciudadanos y a los jueces estatales que ordenen las deportaciones. También agrega sanciones estatales a actos como la venta de fentanilo que conducen a la muerte de otra persona y la presentación de información falsa a un empleador o a un programa de beneficios públicos.
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