Miles de mensajes de insultos y amenazas dirigidos a los magistrados que impulsaron a la fiscal general de Palermo, Lia Sava, a dirigirse al Comité provincial para el orden público y la seguridad pública, el órgano competente para adoptar las medidas de protección.
Los tres fiscales, que el 14 de setiembre pidieron la condena del ministro Matteo Salvini a 6 años de prisión por secuestro de persona y rechazo al cumplimiento del deber, prefirieron no comentar, pero en el palacio de justicia la atmósfera es tensa.
Insultos sexistas, epítetos vulgares y cartas anónimas enviadas a la Procuraduría General son sólo algunos de los episodios denunciados por el fiscal de Palermo ante el Comité.
También se enviaron mensajes y amenazas a la Fiscalía de Caltanissetta, encargada de investigar los procedimientos que involucran a los magistrados de la capital siciliana.
Sabella, Ferrara y Righi evalúan si se debe procesar civil y penalmente a los autores de los mensajes. Una derivación precedida de fuertes críticas dirigidas a los fiscales por parte de la centroderecha, que imputó a la Fiscalía de haber montado un juicio político.
"Hay un principio clave que no es cuestionable: entre los derechos humanos y la protección de la soberanía del Estado, son los derechos humanos los que en nuestro ordenamiento jurídico, afortunadamente democrático, deben prevalecer", dijeron los magistrados durante la acusación, y subrayaron que, cuando Salvini se convirtió en ministro del Interior, las decisiones sobre la gestión de los desembarcos y la liberación del POS se trasladaron del Departamento de Libertades Civiles e Inmigración al gabinete del ministro. "Fue el ministro quien decidió. Éste es el elemento clave", explicaron.
En agosto de 2019, el barco Open Arms con 147 inmigrantes a bordo permaneció detenido frente a Lampedusa durante 20 días.
Fueron los magistrados de Agrigento, tras una inspección a bordo del entonces fiscal Luigi Patronaggio, quienes ordenaron el desembarco de emergencia de los refugiados agotados por el calor y la travesía marítima. El expediente fue remitido a la Fiscalía de Palermo, la oficina de investigación de la capital donde se encuentra el Tribunal de Ministros, competente en cuanto se asumieron responsabilidades penales del entonces titular del Viminale, Matteo Salvini.
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