Ahora, en pleno verano y tres días después de la primera huelga de sombrillas, lo hace con una advertencia más precisa y contundente: una notificación extendida a la asociación de municipios (ANCI) y a la Conferencia Estado-Regiones para que pongan fin a las violaciones de la competencia y a los efectos "distorsivois" de las renovaciones automáticas.
Lo que los entes que conceden las licitaciones deben hacer, afirma el garante de la competencia, es iniciar rápidamente los procedimientos de licitación, con el fin de adjudicar los nuevos contratos antes de fin de año.
La Autoridad antimonopolio parte de algunos supuestos básicos y envía mensajes también al gobierno, que ya lleva tiempo buscando una solución de compromiso entre la normativa europea (que Italia ya no respeta) y las necesidades de las asociaciones de concesionarios de playas.
En primer lugar, antes incluso de los resultados del esperado mapeo al que apunta el Ejecutivo, el Antitrust afirma sin dudas particulares, gracias también a las conclusiones del Consejo de Estado, que el recurso, las playas libres, es escaso, en algunos casos incluso inexistente para los nuevos potenciales entrantes en el mercado.
En segundo lugar, no en términos de importancia, la ley europea prevalece sobre la nacional, por lo que la directiva Bolkestein debe hacer que se desapliquen las normas del decreto Milleproroghe que han dispuesto la prórroga de las concesiones hasta finales de 2024 y, en casos excepcionales, hasta 2025.
Tercero, incluso en el caso de que se quisiera aplicar la ley italiana, las motivaciones de los casos excepcionales a los que han recurrido muchas localidades turísticas para renovar los contratos existentes no cumplen con la normativa.
La notificación explica que en muchas ocasiones los argumentos de los entes en apoyo de la prórroga han parecido "infundados".
La ley, de hecho, "circunscribe la posibilidad de diferir aún más la duración de las concesiones a supuestos totalmente excepcionales relacionados con circunstancias específicas que impiden la conclusión del procedimiento selectivo.
Para que la norma pueda aplicarse, por lo tanto, - subraya el Antitrust - es necesario que el procedimiento selectivo haya sido iniciado y que existan razones objetivas que impidan su conclusión". Pero "en ninguno" de los casos examinados por la Autoridad las administraciones concedentes habían iniciado un procedimiento selectivo para la adjudicación de las concesiones.
Eso es suficiente para la advertencia a los entes locales.
Pero el problema, explica Antonio Capacchione, presidente del Sindicato Italiano de Balnearios, "es que la Autoridad hace referencia a una prórroga automática generalizada, que es claramente inaplicable".
"Siempre hemos estado de acuerdo con la idea de una prórroga diferenciada - puntualiza - y por las filtraciones me parece que el gobierno está yendo precisamente hacia este tipo de prórrogas", agrega. Para el presidente de Federbalneari, Marco Maurelli, el AGCM adopta en cambio "dos pesos y dos medidas que nunca representan una solución justa. No exigimos que se detengan los procesos, sino que se respete al legislador y el diálogo con la Comisión Europea para obtener una reforma que falta desde hace 15 años".
En los últimos días, ha aparecido en la prensa la hipótesis de que en las Regiones donde las playas libres sean inferiores al 25% las concesiones se prorroguen hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que en aquellas donde la cuota sea superior al 25% se extiendan hasta el 31 de diciembre de 2029.
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