El gobierno presentó un conjunto de enmiendas que van desde la situación de las madres detenidas hasta el endurecimiento de las penas para quienes protestan para impedir la realización de una obra pública estratégica, lo que la oposición llama las normas "anti-Ghandi".
Respecto a las bodycam, los agentes policiales empeñados en el mantenimiento del orden público podrán utilizar cámaras corporales, aunque no serán de dotación obligatoria. El gobierno distribuirá en total poco más de 23 millones de euros en tres años para la adquisición del equipamiento.
Sobre el cannabis, de acuerdo a la enmienda aprobada, se prohíbe el cultivo y la venta de plantas de cannabis con bajo contenido en THC, para usos distintos de los industriales permitidos. Quienes lo hagan serán reprimidos en base a la ley de estupefacientes.
La oposición criticó duramente la decisión y advirtió, entre otras cosas, el peligro para las empresas del sector.
"El gobierno Meloni - observa Riccardo Magi, secretario de +Europa - en medio de una furia ideológica, cancela una cadena de suministro totalmente italiana, 11.000 puestos de trabajo. Y para peor creen haber luchado contra las drogas", agrega.
Y los temores sobre la ley lo son también los de las asociaciones gremiales, que piden modificaciones durante el debate parlamentario. Coldiretti, la principal asociación de cooperativas agrícolas, dijo que la enmienda "pone en riesgo la supervivencia de todo un sector dedicado al cultivo en el que se han realizado importantes inversiones".
Oficialistas y opositores acordaron postergar hasta septiembre el debate en comisiones del resto de las enmiendas presentadas, aunque ayer se rechazaron algunas particularmente polémicas, presentadas por la Liga de Matteo Salvini: la tipificación como delito del integrismo islámico, la obligación de predicar en italiano para los religiosos musulmanes, y la castración química de violadores.
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