Entre las principales medidas se encuentra la regulación de la actividad del lobby, con el objetivo de hacerla más transparente, y una mayor protección para informantes y denunciantes, a lo que se suma la posibilidad de acceder a acuerdos de culpabilidad a cambio de información relevante.
En cuanto a las medidas más controvertidas, las cuales según algunos analistas, podrían ser vetadas por el Tribunal Constitucional, se encuentran el embargo de bienes incluso antes de la condena, una mayor discrecionalidad de los jueces a la hora de practicar las pruebas o incluso la limitación, en determinados casos, de la posibilidad de apelar a tribunales superiores.
Esos últimos pretenden acelerar los procedimientos judiciales evitando lo que podría considerarse un subterfugio dilatorio por parte de los abogados defensores.
El paquete también incluye una inversión en formación no sólo de profesionales y jueces, sino también de estudiantes desde sus primeros años escolares gracias a programas de sensibilización sobre cuestiones éticas y de lucha contra el analfabetismo financiero.
En varios casos, sin embargo, se trata de medidas ya existentes en el sistema portugués, que sólo deberían ampliarse y profundizarse, pero esto, como también subrayó la ministra de Justicia, Rita Júdice en la rueda de prensa, es sólo el comienzo de un proceso legislativo para seguirse en un diálogo abierto con todas las partes.
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