Participación y acceso a la justicia real en el Acuerdo de Escazú demandaron representantes de los pueblos indígenas durante el desarrollo de la PreCop que reúne a la sociedad civil en Santiago de Chile.
El encuentro se realiza de manera previa a la inauguración el lunes de la tercera reunión de la Conferencia de Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú. Elaine Shajian, lideresa y presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) de Perú, indicó a ANSA que los problemas más graves que vive su comunidad -emplazada en el departamento de Loreto (plena Amazonía)- son la contaminación ambiental derivada del derrame de hidrocarburo, la minería ilegal, la tala ilegal de madera y cultivos ilícitos, a lo que se suma la apertura de las carreteras dentro del territorio indígena.
"Esto se viene dando a nivel de Congreso creando leyes atentatorias, sin consulta a los pueblos originarios. Nosotras, las mujeres, estamos sufriendo hoy día porque vivimos en el bosque, es nuestro territorio, no somos migrantes, nosotros estamos mucho antes de la creación de Perú, nuestra madre tierra es la que nos ha heredado toda esta riqueza que tenemos", describió.
Añadió que las leyes están afianzando "el despojo de nuestras tierras. Pueblo indígena sin territorio no es nada porque para nosotros es supermercado nuestro territorio, nuestro bosque, porque de ahí nosotros consumimos. Es por ello que salimos a visibilizar nuestras demandas y que sean tomadas en cuenta en el acuerdo de Escazú".
Perú no ha ratificado el tratado, pero Shajian pidió que "se nos escuche" y llamó a que "se considere la participación efectiva de los pueblos indígenas dentro del tratado de Escazú, y también como caucus (Asamblea) indígenas, porque dentro del plan de acción regional tienen que estar nuestras peticiones".
Olo Villalaz, del pueblo Guna de Panamá, señaló a ANSA que la gran demanda de los pueblos originarios de su país es "rescatar los territorios que hoy día están bajo títulos de grandes empresarios, de políticos".
Los guna -uno de los siete pueblos originarios de Panamá- llevan 15 años demandando al estado panameño para poder recuperar tierras ancestrales que tenían desde 1871 cuando Panamá era parte de Gran Colombia. Aunque valoró que ha habido recuperaciones, "son procesos muy largos y de gran costo. La parte legal cuesta".
Del Tratado de Escazú, mencionó como relevante el acceso a la información, pues "muchas veces los programas o proyectos o leyes que se crean no nos llaman a nosotros, no hay consentimiento libre de que ahí está este proyecto, qué opinan".
Otro aspecto, el acceso a la justicia, porque "hoy es para los que tienen plata, pero nosotros que vivimos modestamente con nuestros medios tenemos que ver cómo aliarnos con abogados, organizaciones y enfrentar largos juicios".
Pidió acceso a la justicia real "y no sólo favorecer a los grandes empresarios, sino que equilibrar". Relató que "en Panamá estamos pidiendo una mesa de alto nivel, de manera que los ministros que toman decisiones estén tú a tú sentados, para ver como poder resolver".
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