El grupo de legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay denunciaron además que la represión sistemática y la persecución contra los venezolanos continúa de modo alarmante "Esta circunstancia -observaron en una nota conjunta- se puso de relieve por las detenciones arbitrarias y persecuciones contra militantes y dirigentes de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de derechos humanos o personas que se manifiestan pacíficamente contra el gobierno chavista".
La CPI había rechazado el pasado 1 de marzo el último recurso presentado por el gobierno venezolano para obtener el sobreseimiento de las investigaciones, dando luz verde al fiscal para continuar examinando los presuntos abusos cometidos por las instituciones del país a partir de 2014, tras las movilizaciones contra el gobierno, organizado por la oposición.
La decisión de iniciar las investigaciones fue adoptada por la CPI el 3 de noviembre de 2021, tras la denuncia presentada en 2018 por los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, todos países firmantes -como Venezuela- del Estatuto de Roma, tratado que establece la Corte.
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