(ANSA) - SAN SALVADOR, 22 MAG - Un grupo de expertos
internacionales en derechos humanos que trabajan en Naciones
Unidas publicaron hoy un informe en el que argumentan que la
situación de prolongado estado de emergencia que se vive en El
Salvador atenta, entre otras cosas, contra el derecho a un
juicio justo de las personas privadas de libertad.
Los expertos no ocultaron "su consternación por las continuas
prórrogas de la emergencia", que ya cumple 14 meses, y han
pedido que "sea derogada de inmediato" y que el Gobierno del
presidente Nayib Bukele "revise la nueva y poderes radicales que
introdujeron para abordar el problema de las "bandas criminales"
en el país.
Sostienen que "a pesar de su obligación de proteger a los
ciudadanos de los actos atroces" de esas organizaciones,
incluidas la Mara Salvatrucha y Barrio-18, "el gobierno no puede
pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad
pública".
Por ello exhortaron a las autoridades de El Salvador "a
garantizar que las personas no sean detenidas por la mera
sospecha de pertenencia o proximidad a pandillas sin
autorización legal suficiente; y pidieron que "los detenidos
reciban todas las garantías fundamentales previstas por el
derecho internacional en materia de a los derechos humanos en el
ámbito del debido proceso".
A septiembre de 2022, las cifras oficiales indicaban que
58.000 personas habían sido detenidas bajo las nuevas medidas,
incluidos al menos 1.600 menores. Seis meses después, su número
había aumentado a más de 67.000.
"La información recibida -subrayan los expertos- nos muestra
que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas
constituyen desapariciones forzadas de corta duración".
"El estado de emergencia prolongado, junto con una
legislación que permite una mayor vigilancia, procesamientos más
amplios y una determinación más rápida de la culpabilidad y la
sentencia -concluye el informe- conllevan el riesgo de
violaciones masivas del derecho a un juicio justo". (ANSA).
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