(ANSA) - SAN SALVADOR, 17 MAG - El presidente salvadoreño,
Nayib Bukele, defendió el estado de emergencia declarado para
combatir a las pandillas, que fue renovado por decimocuarta vez,
y cargó contra las ONG que defienden los derechos humanos por
criticarlo.
Bukele advirtió que "destruirá a los asesinos sanguinarios"
de las bandas de delincuentes, las llamadas "pandillas", así
como a sus colaboradores".
"Los meteremos en la cárcel y nunca más saldrán", escribió
el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.
"No nos interesan sus miserables artículos -afirmó
dirigiéndose a las ONG-, sus periodistas a sueldo, sus políticos
títeres o su famosa 'comunidad internacional', a la que nunca le
importó nuestro pueblo. Sanaremos a nuestro país y eliminaremos
por completo esta plaga", añadió.
El pasado 31 de enero, en Tecoloca, a unos 70 kilómetros de
la capital, se inauguró la cárcel más grande de América, el
Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Los testimonios describen las condiciones del penal como las
de un campo de concentración, donde los presos no tienen
derechos.
Una situación a la atención de las asociaciones que
defienden los derechos humanos.
El Parlamento de El Salvador aprobó la noche del martes la
decimocuarta prórroga por 30 días del estado de emergencia
nacional decretado en marzo de 2022 por el presidente Bukele en
respuesta a la creciente violencia y el aumento del número de
homicidios.
La medida, que suspende varias garantías constitucionales y
por la cual fueron detenidas 68.720 personas -informó el portal
de noticias elsalvador.com-, fue aprobada con 67 votos en una
asamblea legislativa controlada en gran parte por las fuerzas
gubernamentales.
Ilustrando la necesidad de una nueva prórroga de emergencia,
el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que el reciente
asesinato en una emboscada del agente de policía Maximino
Antonio Vásquez Rodríguez "prueba que el problema de la
criminalidad aún no se resolvió por completo".
El mismo jefe de Estado a través de Twitter condenó el
homicidio y criticó a las "ONG de defensa de los derechos
humanos, a los periodistas pagos, a los políticos títeres y a la
comunidad internacional a la que nunca les importó nuestro
pueblo. Sanaremos los males de nuestro país y erradicaremos por
completo el flagelo de la violencia."
Mientras tanto, las controversias en torno a las supuestas
detenciones arbitrarias por parte de la policía no disminuyeron.
En una entrevista el pasado martes, el ministro Villatoro
aseguró que cerca de 5.000 de las más de 67.000 personas
detenidas por falta de pruebas de culpabilidad han sido
liberadas.
Pero en declaraciones recogidas por el diario Prensa
Gráfica, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de las
Víctimas del Régimen (Movir), argumentó que "esta cifra es una
farsa, porque no hay listas con los nombres y apellidos de los
liberados, que según nuestras fuentes son muchísimo menos".
(ANSA).
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