La Comisión Europea lanza una directiva para luchar contra la corrupción, tanto pública como privada. Todos los Estados miembros deberán tener una autoridad dedicada con normas comunes para combatirlo y, además, deberán armonizar la legislación en la materia.
La definición misma de corrupción se ampliará para incluir la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el abuso del cargo, la obstrucción de la justicia, el enriquecimiento ilícito y el intento de soborno (básicamente tanto activo como pasivo), y se aumentarán las penas, prevé el nuevo paquete de medidas.
"Las sanciones por corrupción dentro de los Estados miembros varían mucho, desde un mínimo de tres meses hasta un máximo de 15 años", explica la comisaria Ylva Johansson. Lo mismo para la prescripción, definida como "un verdadero obstáculo".
"Quienes cometen estos delitos están interesados ;;en ocultarlos porque se benefician de ellos, por lo que las investigaciones son muy complicadas y largas: los delincuentes aprovechan los largos plazos para llegar a las recetas", dice Johansson.
Por lo tanto, la Comisión pretende tener penas mínimas de entre "cuatro y seis años" de prisión, es decir, el nivel mínimo en el rango alto, a fin de dotar a las fuerzas policiales de las herramientas adecuadas para combatir estos delitos, definidos como graves y serios.
La otra operación de armonización estará dirigida a las circunstancias "agravantes" y "atenuantes", para que no difieran entre Estados miembros. Si un alto funcionario público comete un delito, se considerará una circunstancia agravante, así como si el delito se comete a favor de un tercer país.
También se endurecieron las medidas contra la impunidad, en particular para los parlamentarios, cuya inmunidad deberá ser revocada "rápidamente" para permitir las investigaciones.
El Servicio de Acción Exterior de la UE (EEAS), con el apoyo de la Comisión, elaborará un mecanismo común para atacar actos graves de corrupción en todo el mundo, como parte del paquete presentado hoy por el ejecutivo de la UE para armonizar los regímenes penales comunitarios.
Por lo tanto, la UE será "capaz de atacar actos graves de corrupción en todo el mundo, independientemente de dónde ocurran", agregó la comisaria Johansson.
La propuesta demostrará la determinación de la UE de utilizar cualquier medio, incluidas las sanciones, para combatirlo.
"Tenemos un gran problema con la corrupción en la Unión Europea. Es una amenaza para la cohesión de nuestras sociedades y para el funcionamiento de nuestro estado de derecho, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales, que no podrían operar si no hicieran uso extensivo de la corrupción", agregó la responsable de asuntos internos de la UE.
Según Johansson, "el 60% de las organizaciones criminales hacen uso de la corrupción y la mayoría opera a nivel transnacional, de una manera que ahora es similar a como opera una multinacional: hay que intervenir".
La Unión Europea lanzará una nueva red, en el seno de Asuntos Internos del ejecutivo de la UE, para luchar contra la corrupción y la primera reunión tendrá lugar en septiembre. Una de las primeras tareas será establecer áreas de riesgo de corrupción, como los puertos de la Unión.
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