(ANSA) - BUENOS AIRES 19 ABR - Un informe de Amnistía
Internacional (AI) subraya en Nicaragua "cinco años de
violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el gobierno de
Daniel Ortega y de Rosario Murillo", al tiempo que llama a
frenar "la política de represión" contra los disidentes que
costó al menos 300 muertes.
"Lejos de detenerse, la política de represión del gobierno
nicaragUense para contener las voces disidentes y cualquier tipo
de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e
incorporando nuevos patrones de violaciones, dijo AI en su
reporte distribuido en Sudamérica.
El trabajo de la ONG hace un recuento de la crisis de
derechos humanos que ha sufrido el país "desde que el pueblo
salió a las calles a protestar pacíficamente contra reformas al
sistema de seguridad social el 18 de abril de 2018".
"La represión brutal fue la herramienta que el presidente
Daniel Ortega decidió utilizar para gestionar aquel descontento
social, el cual dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2000
personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias", amplía
AI.
El informe explica las principales tácticas —el uso
excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar
injustamente activistas y disidentes, los ataques contra la
sociedad civil y el exilio forzado— que el gobierno del
presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha
utilizado para lograr el cierre gradual del espacio cívico,
silenciar a las personas defensoras de derechos humanos,
activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica al
gobierno, y operar sin ningún tipo de control ni rendición de
cuentas.
"La implementación de estos métodos ha provocado un amplio
abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la
detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las
ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la
nacionalidad", sentencia Amnistía Internacional.
En varias ocasiones, la policía apeló "al uso de armas
letales en contextos no autorizados por el derecho
internacional, lo que ha causado la muerte de cientos de
personas, algunas de las cuales ya han sido calificadas por
órganos de control de derechos humanos como ejecuciones
extrajudiciales, un crimen del derecho internacional", acota el
reporte.
Amnistía hace un llamamiento para que la comunidad
internacional actúe y subraya "la privación arbitraria de
nacionalidad de la que han sido víctimas más de 300 personas,
muchas de las cuales quedaron en situación de apatridia, un
estatus que las coloca en un mayor nivel de indefensión".
(ANSA).
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