Represión suma 300 muertes, informe de Amnistía

"Política continua de hostigamiento" de Ortega contra disidentes

(ANSA) - BUENOS AIRES 19 ABR - Un informe de Amnistía Internacional (AI) subraya en Nicaragua "cinco años de violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo", al tiempo que llama a frenar "la política de represión" contra los disidentes que costó al menos 300 muertes.
    "Lejos de detenerse, la política de represión del gobierno nicaragUense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones, dijo AI en su reporte distribuido en Sudamérica.
    El trabajo de la ONG hace un recuento de la crisis de derechos humanos que ha sufrido el país "desde que el pueblo salió a las calles a protestar pacíficamente contra reformas al sistema de seguridad social el 18 de abril de 2018".
    "La represión brutal fue la herramienta que el presidente Daniel Ortega decidió utilizar para gestionar aquel descontento social, el cual dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias", amplía AI.
    El informe explica las principales tácticas —el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes, los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado— que el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha utilizado para lograr el cierre gradual del espacio cívico, silenciar a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica al gobierno, y operar sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas.
    "La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad", sentencia Amnistía Internacional.
    En varias ocasiones, la policía apeló "al uso de armas letales en contextos no autorizados por el derecho internacional, lo que ha causado la muerte de cientos de personas, algunas de las cuales ya han sido calificadas por órganos de control de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, un crimen del derecho internacional", acota el reporte.
    Amnistía hace un llamamiento para que la comunidad internacional actúe y subraya "la privación arbitraria de nacionalidad de la que han sido víctimas más de 300 personas, muchas de las cuales quedaron en situación de apatridia, un estatus que las coloca en un mayor nivel de indefensión".
    (ANSA).