(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 19 APR - La Suprema Corte de
Justicia anuló la decisión del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador de poner a la Guardia Nacional (GN) bajo el
control del Ejército, que había sido duramente criticada por la
oposición.
La resolución fue adoptada por una mayoría de 8 magistrados
contra tres, pese a lo cual López Obrador pidió a la ministra de
Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, mantener en su cargo a un
militar de alta graduación, el general David Córdova, como
comandante de la GN.
López Obrador afirmo que los elementos de este cuerpo
"seguirán recibiendo la orientación, formación profesional, y el
respaldo del Ejército".
También instruyó a Rodríguez a realizar un recorrido "por
todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación, para
informar a los 130.000 elementos que mantendrán sus salarios,
prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las
Fuerzas Armadas, porque la seguridad es una prioridad de nuestro
gobierno".
Además, anunció que el primero de septiembre del 2024, en
ocasión de su último informe anual ante el Congreso, presentará
una nueva iniciativa para insistir en que la GN dependa del
ministerio de la Defensa.
El presidente señaló que dejar las riendas de la GN en manos
del Ejército representaba "un blindaje para que no vaya a
suceder lo que se padeció de que la seguridad estaba en manos de
la delincuencia".
Los jueces de la Suprema Corte "actuaron de manera facciosa
y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las
antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto,
caracterizadas por el contubernio y la subordinación de las
autoridades a la delincuencia organizada y de cuello blanco".
Un día antes de pronunciarse sobre el tema de la GN, la
Suprema Corte decidió restringir cada vez más a los militares
sus facultades en la lucha contra el crimen, aun en
investigaciones contra sus propios miembros que afecten a
civiles, lo que afecta la creciente influencia que les ha
otorgado el gobierno actual.
El máximo tribunal declaró inválidos ocho artículos del
Código Militar de Procedimientos Penales y de Justicia Militar
que les daban poder para realizar allanamientos de viviendas y
labores de espionaje, al fallar en apelaciones realizadas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La justificación es que estos actos podrían favorecer "el
uso arbitrario, no sólo respecto de personal militar bajo
investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense".
El gobierno actual ha "empoderado" a las Fuerzas Armadas,
otorgándoles facultades inéditas como la construcción y
administración de aeropuertos y el control de aduanas y puertos,
entre otras cosas y ya no solo en materia de lucha contra la
violencia que sacude al país desde 2006 y arroja hasta ahora más
de 400.000 muertos y 107.000 desaparecidos. (ANSA).
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