(ANSA) - CARACAS 17 ABR - Un grupo de trabajadores
universitarios junto a dirigentes sindicales protestó hoy en
Caracas para exigir la libertad de "los compañeros presos en
forma arbitraria por defender sus derechos", y además que se
investigue el incumplimiento de deudas por parte de la Oficina
de Planificación del Sector Universitario (OPSU).
El grupo de manifestantes, con grandes pancartas, entre las
que se leyó "cese la corrupción "se concentró a las afueras de
la sede del Ministerio Público en Caracas.
Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, exigió la
libertad de los seis dirigentes sindicales detenidos a
principios de julio del año pasado acusados de conspiración y
asociación para delinquir, y recordó que la petición responde a
la solicitud que también ha hecho la comunidad internacional.
"Se les está aplicando la ley contra terrorismo a estos
trabajadores por defender sus derechos. El movimiento sindical
lo que está exigiendo es que lo que ha dicho la comunidad
internacional y las organizaciones de DDHH sea cumplido de
inmediato por las diferentes ramas del poder Público", enfatizó.
Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), explicó a los periodistas que consignaron un escrito
donde también le exigen a Tarek William Saab, fiscal general
designado por la extinta constituyente comunal, que se abre una
investigación por la retención indebida de los fondos a terceros
de las organizaciones gremiales y sindicales.
Explicó que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista
aprobó un crédito adicional para cancelar deudas del año 2022
por concepto de caja de ahorro y aportes y retenciones de los
trabajadores.
"Ya próximos al mes de mayo, ninguno de esos fondos ha sido
transferidos a las universidades ni a las cajas de ahorro de los
trabajadores universitarios. Estamos verdaderamente preocupados
que el destino de esos fondos sea el mismo que ha tenido en
otras instituciones del Estado como en Pdvsa", expresó.
En este sentido, precisó que solo en el caso de los
profesores universitarios la deuda asciende a $1 millón 24 mil,
mientras que las de todos los gremios y sindicatos supera $15
millones.
"Lo que tiene que hacer el Estado es ponerse a derecho. Si
no tiene que abrirse la investigación correspondiente",
puntualizó. (ANSA).
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. © COPYRIGHT ANSA