(ANSA) - ROMA 17 ABR - El decreto sobre la gestión de los
flujos migratorios irá al Senado el martes por la tarde sin que
la Comisión de Asuntos Constitucionales haya concluido el examen
y votación de todas las enmiendas presentadas, lo que implica
que se deberá empezar todo de cero, enmienda por enmienda.
Este es el resultado de la acción de una oposición unida
para oponerse al decreto gubernamental con propuestas de
modificaciones que han sido apoyadas con reiteradas
intervenciones, sin que, sin embargo, se haya logrado aprobar
ninguna, dado el equilibrio en el Parlamento.
Las tensiones internas en la centroderecha por los permisos
especiales, que la Liga quería derogar por completo, son tantas
que el presidente de la Comisión, Alberto Balboni, anunció que
el Gobierno no pedirá el voto de confianza al proyecto.
Para el ejecutivo, sin embargo, la disputa sigue abierta con
los cuatro gobernadores del Partido Democrático, opuestos a la
declaración del estado de emergencia, y con los alcaldes,
críticos con la limitación de permisos especiales que, subrayan,
aumentarán el número de inmigrantes ilegales.
La semana pasada el gobierno presentó dos modificaciones a
su decreto, relativas a los cambios a los centros de primera
acogida, y una reescritura de la ley que restringe la protección
especial actual. Esto le dio a la oposición la oportunidad de
presentar más de 300 subenmiendas, bloqueando de hecho a la
comisión con una "maratón de poca relevancia", como dijo
Balboni.
Varias intervenciones de senadores democráticos buscaron el
efecto obstructivo de ralentizar los trabajos a tal punto que la
Comisión difícilmente podrá votar todas las enmiendas y llevar a
la Cámara el texto que quería el Gobierno.
Y la intención de la oposición era precisamente esa, a la
espera de que las tensiones entre la Liga y el resto de la
mayoría sobre los permisos especiales pudieran estallar en pleno
hemiciclo, dado que habría que votar nuevamente todas las
enmiendas.
Pero el obstáculo principal para el Gobierno lo constituye
la oposición de los presidentes de regiones del Partido
Democrático al estado de emergencia.
"Hace dos meses le dije al gobierno que había riesgo de
emergencia. El gobierno me dijo que no había riesgo. Hace una
semana decretaron estado de emergencia nacional: después de esto
que, ¿llamarán al Ejército?", se preguntó Stefano Bonaccini, el
presidente de la región Emilia Romagna. (ANSA).
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