Los artífices de la ley son el ministro de Justicia Yariv Levin (Likud) y el poderoso presidente de la Comisión Constitucional de la Knesset, Simcha Rothman (Sionismo Religioso).
El gobierno argumenta que la reforma sirve para reequilibrar una situación desequilibrada en la que el Tribunal Supremo ha ido muchas veces más allá de sus prerrogativas.
Para los opositores, sin embargo, es un ataque a la democracia y a os derechos civiles que altera el equilibrio de poder a favor exclusivamente del Ejecutivo. He aquí los puntos principales de la reforma, teniendo en cuenta que en Israel no existe Constitución, sino las llamadas Leyes Básicas.
* Cláusula de renuncia: Permite a la Knesset, con una mayoría simple de 61 diputados (de 120), volver a presentar y aprobar una ley ya rechazada por la Corte Suprema, a diferencia de lo que sucede hoy.
* Designación de magistrados de la Corte Suprema: Modificación del mecanismo de designación y su número. De 9 pasa al 11, con un predominio de los señalados por la mayoría política respecto a los componentes técnicos.
* Carácter de "extrema irrazonabilidad de una decisión": Con base en este criterio, hoy la Corte Suprema puede revocar un nombramiento del gobierno. Sucedió con la realizada por Netanyahu para Aryeh Deri como ministro del Interior y Sanidad, rechazada por la Corte al ser Deri condenado por fraude fiscal y, entre otras cosas, negoció la sentencia con la promesa de retirarse de la vida política. El gobierno tiene la intención de abolir este poder de la Corte.
* Asesores legales: La reforma pretende limitar su influencia en los ministerios. Sus opiniones son utilizadas por la Corte Suprema para juzgar la buena conducta del gobierno. La reforma quiere establecer que esas recomendaciones no sean vinculantes.
Por último, cabe recordar que la reforma fue presentada por el Gobierno mientras Netanyahu está siendo juzgado en Jerusalén por corrupción, fraude y abuso de poder, circunstancia que según muchos analistas plantea un conflicto de intereses con la propia ley.
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