(ANSA) - ROMA 17 MAR - La Corte Penal Internacional (CPI)
emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente
ruso, Vladimir Putin, en relación con la guerra en Ucrania,
decisión que fue rechazada por el gobierno de Moscú.
Putin sería "responsable del crimen de guerra de deportación
y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de
Ucrania a Rusia", reza el comunicado de la Corte.
Además de Putin, se emitió otra orden de arresto contra
Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos
del niño en el Kremlin.
Los crímenes se habrían cometido en el territorio ocupado de
Ucrania a partir de, al menos el 24 de febrero de 2022.
"Existen motivos razonables para creer que Putin tiene
responsabilidad penal individual por los delitos antes
mencionados, por cometer los actos directamente, junto con otros
y/o a través de intermediarios, y por su falta de control sobre
los subordinados civiles y militares que cometieron los hechos",
continúa la nota.
Rusia rechazó rápidamente el anuncio del CIP.
"Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen
ningún significado para nuestro país, ni siquiera desde el punto
de vista legal", dijo la portavoz del Ministerio del Exterior
Maria Zakharova.
Rusia, subrayó, no es parte del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del
mismo".
"Rusia no coopera con este organismo y cualquier orden de
arresto de la CPI no tiene base legal para nosotros", agregó
Zakharova.
En su anuncio de hoy, la Corte subrayó que las órdenes de
detención fueron dictadas por la II Sala Preliminar tras los
autos de acusación presentados el 22 de febrero de 2023, casi un
año después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, y que
hasta el momento las ha mantenido "en secreto para proteger a
las víctimas y testigos y también para salvaguardar la
investigación".
"Sin embargo, consciente de que la conducta impugnada en el
presente caso estaría en curso, y que el conocimiento público de
los mandatos puede contribuir a prevenir la comisión de nuevos
delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia
autorizar a la Secretaría a hacer pública la existencia de las
órdenes, los nombres de los sospechosos, los delitos por los que
se han emitido las órdenes y las modalidades de responsabilidad
establecidas por la Sala". (ANSA).
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