CPI emitió orden de arresto contra Putin

Por crímenes de guerra y traslado ilegal de niños

(ANSA) - ROMA 17 MAR - La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en relación con la guerra en Ucrania, decisión que fue rechazada por el gobierno de Moscú.
    Putin sería "responsable del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia", reza el comunicado de la Corte.
    Además de Putin, se emitió otra orden de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos del niño en el Kremlin.
    Los crímenes se habrían cometido en el territorio ocupado de Ucrania a partir de, al menos el 24 de febrero de 2022.
    "Existen motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por cometer los actos directamente, junto con otros y/o a través de intermediarios, y por su falta de control sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los hechos", continúa la nota.
    Rusia rechazó rápidamente el anuncio del CIP.
    "Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, ni siquiera desde el punto de vista legal", dijo la portavoz del Ministerio del Exterior Maria Zakharova.
    Rusia, subrayó, no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del mismo".
    "Rusia no coopera con este organismo y cualquier orden de arresto de la CPI no tiene base legal para nosotros", agregó Zakharova.
    En su anuncio de hoy, la Corte subrayó que las órdenes de detención fueron dictadas por la II Sala Preliminar tras los autos de acusación presentados el 22 de febrero de 2023, casi un año después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, y que hasta el momento las ha mantenido "en secreto para proteger a las víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación".
    "Sin embargo, consciente de que la conducta impugnada en el presente caso estaría en curso, y que el conocimiento público de los mandatos puede contribuir a prevenir la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría a hacer pública la existencia de las órdenes, los nombres de los sospechosos, los delitos por los que se han emitido las órdenes y las modalidades de responsabilidad establecidas por la Sala". (ANSA).