TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA
Más de 100.000 personas, entre
militantes de oposición y grupos de ciudadanos, exigieron a la
Suprema Corte que detenga la polémica reforma que impulsa el
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto
Nacional Electoral (INE), la principal autoridad en la materia.
Durante una concentración realizada frente a la sede del
máximo tribunal, la multitud llenó de flores la puerta principal
y tapizó de pancartas con consignas para demandar a los 11
jueces de ese órgano que frenen la reforma, por considerar que
podría provocar el regreso a la era de los fraudes en los
comicios y poner en duda la certeza de las votaciones.
El 23 de febrero, el Senado aprobó el denominado "Plan B",
una controvertida reforma al sistema electoral que según
expertos y activistas "podría debilitar la democracia mexicana"
y regresar a los tiempos de los "largos y desgastantes
conflictos en el país" por las denuncias de "trampas" en el
conteo de los sufragios.
La iniciativa, avalada por 72 votos a favor y 50 en contra,
entre otras cosas, prevé un fuerte recorte en el presupuesto del
Instituto Nacional Electoral (INE), la máxima autoridad en la
materia, que se verá obligada a despedir a 6.000 profesionales,
técnicos y empleados, el 90% de su personal operativo.
Por lo pronto, la reforma sufrió su primer revés luego que
la semana pasada un juez determinó que no será aplicable en las
elecciones en puerta, previstas para julio próximo, en los
estados de Coahuila (norte) y de México, vecino a la capital,
consideradas el preámbulo de la "gran batalla", las
presidenciales del 2024.
El presidente Andrés Manuel López Obrador planeaba una
reforma aún más radical, pero no la pudo lograr por cuanto tenía
que contar con dos tercios de los votos en el Congreso, es
decir, una mayoría calificada, pues se requería modificar la
Constitución.
En cambio, mediante enmiendas legales más pequeñas, logró a
fines del año pasado la aprobación de una primera fase de
reformas vinculadas con cambios en la propaganda gubernamental y
ahora una parte complementaria que se prevé influya
decisivamente en los comicios locales y federales que se
avecinan.
Los promotores en la marcha de este domingo, calificada como
"exitosa" por sus organizadores, estimaron apremiante que la
Suprema Corte eche abajo este proyecto porque puede ser
peligroso para la salud política del país.
"Desconocer el papel de la justicia tal como lo promueve la
Constitución y argumentar la mera prevalencia de un proyecto
político que nos puede ser impuesto a todos implica ponerse
fuera del orden jurídico", afirmó el juez retirado de la Corte
José Ramón Cossío, uno de los dos oradores.
"Venimos a tocar las puertas de la corte para que los
ministros (magistrados) no permitan la pérdida de la nación,
para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza: manden al
basural de la historia al Plan B, no abalancen una reforma
electoral inconstitucional e inmoral", dijo la otra oradora, la
periodista Beatriz Pagés.
"Votemos en contra de la mentira y de la mediocridad, en
contra del populismo", dijo Pagés, directora de la Revista
Siempre y vocera de la coalición Unid@s, quien señaló que con
esta movilización inicia "el frente ciudadano rumbo al 2024" y
llamó a "articular redes para incidir en estos comicios.
"No es un asunto de la derecha, es por la defensa de
nuestros derechos. Nuestra democracia no merece esa reforma
electoral: nadie está por encima de la Constitución", señaló
Lourdes López, ex consejera de la autoridad electoral, durante
otra marcha multitudinaria en la norteña ciudad de Monterrey.
En una demostración similar que convocó a miles de personas,
en la occidental ciudad de Guadalajara, Francisco Ramírez,
rector de la universidad católica UNIVA, Francisco Ramírez,
afirmó que "se perdió el Estado de derecho con la complacencia
del presidente" López Obrador.