El inicio de la actividad judicial data de hace algún tiempo pero, escribe el diario La Razoin de La Paz, recién ahora ha llamado la atención de los medios.
En él, precisa el diario, también está involucrado un primo de Luis Fernando Camacho, gobernador de la provincia de Santa Cruz, también en prisión preventiva desde finales de diciembre de 2022 por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.
Para construir una acusación por enriquecimiento ilícito, la fiscalía boliviana recolectó información bancaria y financiera de más de 30 instituciones.
Ribera reaccionó vía Twitter a esta acusación afirmando que "la narcodictadura de (el presidente) Luis Arce me intenta silenciar, me persigue por haber denunciado internacionalmente las vejaciones cometidas contra los presos políticos, y por defender los derechos humanos en mi país. Investigue, no tengo nada que ocultar".
"Me quieren intimidar -añadió- pero no lo van a lograr. En lugar de enjuiciar a narcotraficantes y delincuentes, ahora me están inventando causas por defender a mi madre, lo que haría cualquier hija hasta que haya verdadera justicia y un juicio justo".
La hipótesis del crimen está vinculada a una supuesta actividad ilícita delictiva de Ribera que , recuerda el diario, "era parte del aparato de gobierno de la expresidenta", como "encargada de la unidad de gestión social del ministerio de la presidencia".
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