Abren testamento de Lucía Hiriart, viuda de Pinochet

(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 08 FEB - La justicia chilena abrió hoy el testamento de Lucía Hiriart, la fallecida viuda del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de sus herederos y evasión de impuestos por de 16 millones de dólares.
    La apertura del documento fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a ella accedió el 16 Juzgado Civil de Santiago.
    El CDE efectúa acciones para recuperar los dineros malversados por Pinochet y sus colaboradores, luego que la Corte Suprema chilena cerrara en agosto de 2018 el denominado caso Riggs, pero acogiendo un recurso de casación deducido por el Consejo.
    La sentencia condenó entonces a tres colaboradores de Pinochet como autores del delito de malversación de caudales públicos.
    El organismo que vela por el patrimonio estatal presentó entonces "una demanda por provecho del dolo ajeno con el propósito de que los herederos de Pinochet sean condenados a pagar al Fisco alrededor de 16 millones de dólares, correspondientes a los dineros obtenidos ilícitamente por este".
    "Si bien no se acreditó que hubieren tenido participación en los ilícitos, serían destinatarios de un provecho económico que fue fruto de una conducta delictual plenamente demostrada", declaró hoy el CDE en referencia a los herederos.
    El CDE manifestó que la apertura del testamento de la viuda de Pinochet es parte de las acciones judiciales para recuperar los dineros defraudados.
    "La sentencia decretó el comiso de los bienes que estaban a nombre del ex general o de alguna de sus sociedades, la mayoría offshore y con acciones al portador", recordó la entidad defensora del Estado.
    "Sin embargo, pese a dar por acreditado el monto total del perjuicio, ascendente a 17.866.323 de dólares, el máximo tribunal estimó que la pena accesoria de comiso sólo podía recaer en aquella parte de los bienes que tuviera relación con la intervención de los condenados", recalcó el CDE.
    Según la entidad, "en el proceso existía evidencia probatoria más que suficiente para estimar plenamente demostrado que el general Pinochet incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos".
    "En este escenario procesal, era posible razonablemente colegir que los bienes individualizados en el fallo de primer grado podían considerarse como los efectos o producto de la perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional", concluyó. (ANSA).