(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 08 FEB - La justicia chilena
abrió hoy el testamento de Lucía Hiriart, la fallecida viuda del
ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el marco de la
investigación por enriquecimiento ilícito de sus herederos y
evasión de impuestos por de 16 millones de dólares.
La apertura del documento fue solicitada por el Consejo de
Defensa del Estado (CDE) y a ella accedió el 16 Juzgado Civil de
Santiago.
El CDE efectúa acciones para recuperar los dineros
malversados por Pinochet y sus colaboradores, luego que la Corte
Suprema chilena cerrara en agosto de 2018 el denominado caso
Riggs, pero acogiendo un recurso de casación deducido por el
Consejo.
La sentencia condenó entonces a tres colaboradores de
Pinochet como autores del delito de malversación de caudales
públicos.
El organismo que vela por el patrimonio estatal presentó
entonces "una demanda por provecho del dolo ajeno con el
propósito de que los herederos de Pinochet sean condenados a
pagar al Fisco alrededor de 16 millones de dólares,
correspondientes a los dineros obtenidos ilícitamente por este".
"Si bien no se acreditó que hubieren tenido participación en
los ilícitos, serían destinatarios de un provecho económico que
fue fruto de una conducta delictual plenamente demostrada",
declaró hoy el CDE en referencia a los herederos.
El CDE manifestó que la apertura del testamento de la viuda
de Pinochet es parte de las acciones judiciales para recuperar
los dineros defraudados.
"La sentencia decretó el comiso de los bienes que estaban a
nombre del ex general o de alguna de sus sociedades, la mayoría
offshore y con acciones al portador", recordó la entidad
defensora del Estado.
"Sin embargo, pese a dar por acreditado el monto total del
perjuicio, ascendente a 17.866.323 de dólares, el máximo
tribunal estimó que la pena accesoria de comiso sólo podía
recaer en aquella parte de los bienes que tuviera relación con
la intervención de los condenados", recalcó el CDE.
Según la entidad, "en el proceso existía evidencia
probatoria más que suficiente para estimar plenamente demostrado
que el general Pinochet incurrió en conductas que importaron
sustracción de caudales públicos".
"En este escenario procesal, era posible razonablemente
colegir que los bienes individualizados en el fallo de primer
grado podían considerarse como los efectos o producto de la
perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio
del erario nacional", concluyó. (ANSA).
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