(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 20 DIC - El gobierno mexicano dio
a conocer que alcanzó un acuerdo "exitoso" con los llamados
"fondos buitre", que habían adquirido la mayoría de los bonos
para financiar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
cancelado por el nuevo presidente Andrés López Obrador.
La suspensión del mayor proyecto de infraestructura en México
en varias décadas, valuado en unos 13.000 millones de dólares,
cuando llevaba apenas un 35% de avance, fue uno de los primeros
actos del nuevo mandatario de centroizquierda apenas asumió su
cargo el pasado día 1.
La medida fue adoptada bajo el argumento de que la obra era
un "pozo sin fondo de corrupción", tras una consulta convocada
antes de la asunción del mandatario y cuestionada por expertos y
organizaciones civiles por no apegarse a las reglas de un
referendum formal.
El ministerio de Finanzas inició una pulseada con los
poseedores de los bonos para evitar que presentaran demandas
múltiples ante tribunales de Nueva York y que el país viviera la
experiencia de Argentina de una década a partir de 2002, luego
del "default" decretado por el Congreso de ese país tras la
crisis del 2001.
Para no dar argumentos a los tenedores de estos valores,
continuaron las obras mientras se negociaba un arreglo con los
inversionistas, que rechazaron una primera oferta del ministerio
de Finanzas hasta que aceptaron una segunda más ventajosa.
En un comunicado oficial, autoridades financieras anunciaron
que la nueva propuesta "tuvo un apoyo abrumador", lo que
desactivó lo que algunos expertos consideraron una "bomba de
tiempo" que podría haber "contaminado" el problema de la deuda
externa elevando los intereses.
El ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoció y
agradeció "la cooperación de la comunidad de inversionistas
internacionales para asegurar el resultado exitoso de esta
transacción".
El gobierno lanzó oferta por 1.800 millones de dólares, de un
total de 6.000 millones, para evitar que fondos privados
lograran el control de los bonos y manipularan las decisiones en
el futuro.
El gobierno de López Obrador ahora está en posición de parar
las obras y poder continuar sus planes de modernizar el actual
aeropuerto y ampliar la base militar aérea de Santa Lucía,
ubicada a unos 70 kilómetros al norte de la urbe.
La mayoría de los especialistas consideran incompatible esta
terminal con las operaciones del actual puerto aéreo de la
ciudad, por su cercanía, y vaticinan que se convertirá en un
proyecto sin viabilidad, pero el ministro de Comunicaciones,
Javier Jiménez, insiste en que no hay algún problema.
Adicionalmente, se prevé expandir las instalaciones del
aeropuerto de Toluca, 70 kilómetros al occidente de la Ciudad de
México, como apoyo para las operaciones aéreas de la capital.
El ministerio de Hacienda anunció "el consentimiento de una
substancial mayoría de los tenedores de las notas" cuando se
vencía este miércoles el plazo para alcanzar un acuerdo.
Para finiquitar el caso deberán pasar todavía entre seis
meses y un año, a fin de completar todo el papeleo, según los
analistas.
Además, falta negociar con tenedores de "Fibra E", otro
paquete de bonos en poder principalmente de inversionistas
mexicanos, en especial Fondos de Retiro, llamados Afores, por
1.600 millones de dólares.
De no haberse llegado a un resultado positivo en esta
renegociación, el gobierno podría haber sufrido un duro revés
por cuanto las calificadoras hubieran evaluado negativamente al
país
"La calificación de todos los bonos del gobierno mexicano y
de muchos privados también se habría desplomado, lo cual habría
provocado mayores pagos de intereses", afirmó el analista Sergio
Sarmiento.
López Obrador hizo del tema del nuevo aeropuerto su principal
"leitmotiv" de campaña, que se basó en su compromiso de combatir
de raíz la rampante corrupción, pero la cancelación fue
duramente cuestionada sobre todo por el sector privado por las
cuantiosas pérdidas que representará para las arcas
oficiales.(ANSA).
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