Cuando el 9 octubre de 2012 el militar Hugo Chávez, el hombre más poderoso en Venezuela desde los capitanes generales de España, declaró que su cáncer se había complicado, salió a Cuba para tratarse con los médicos de la isla.
Designó a dedo como su sucesor a Nicolás Maduro, su fiel canciller, vicepresidente y operador político internacional que entonces no tenía una carrera muy sobresaliente.
Chávez sabía que tal vez no podría regresar a asumir el mandato para el que había sido reelecto pocas semanas antes y que probablemente moriría, por lo que habría que convocar nuevas elecciones presidenciales. "Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente", dijo Chávez en cadena nacional al ungir a su sucesor.
El chavismo sin Chávez fue después una coalición de al menos cuatro corrientes con intereses a veces encontrados, pero que dejaron a un lado sus diferencias en el poder para apoyarse mutuamente y garantizar la supervivencia de este modelo entonces cívico militar y hoy "popular, militar y policial", que se dice de izquierda socialista radical.
Maduro retuvo el poder de Chávez al derrotar por un pelo al entonces famoso candidato opositor Henrique Capriles en unas elecciones presidenciales en abril de 2013, poco después de que se anunciara la muerte del líder. Enfrentó y derrotó a sangre y fuego manifestaciones callejeras de opositores que exigían su salida del poder, incluyendo unas en 2014 y otra que duró cinco meses seguidos en 2017.
También liquidó por la fuerza a la oposición que había conquistado la Asamblea Nacional (congreso) por abrumadora mayoría en 2015. Le quitó sus poderes para dárselos al Tribunal Supremo de Justicia y gobernó por decretos. En 2017 montó una Asamblea Constituyente que nunca redactó ni un solo artículo, pero que le sirvió para terminar de eliminar al cascarón vacío en el que había convertido al parlamento opositor y de paso terminar de sofocar las protestas populares.
Esa constituyente totalmente chavista se tomó el lugar del Consejo Nacional Electoral para convocar unas elecciones presidenciales anticipadas, en mayo de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por casi 60 gobiernos extranjeros, encabezados por el de Estados Unidos de Donald Trump y por la Unión Europea.
El 10 de enero de 2019 Maduro asumió el segundo mandato que hoy acaba de terminar, y que también fue considerado ilegítimo por sus adversarios internos y por países extranjeros que entonces pasaron a reconocer a Juan Guaidó, un joven presidente de la Asamblea Nacional, del partido Voluntad Popular, que se proclamó como presidente interino alegando que había un vacío de poder.
Pero ese supuesto gobierno paralelo fue tuvo poder real, ni presencia en el territorio. Apenas contó con ese apoyo externo que le permitió mantener el control sobre activos de Venezuela en el exterior para evitar que cayeran en manos del chavismo, gracias a las sanciones aplicadas por Estados Unidos y sus aliados.
Guaidó desapareció en el tiempo, Maduro accedió en medio de presiones a aceptar un acuerdo para que hubiera elecciones libres y competitivas en el 28 de julio de 2014 a cambio de levantar sanciones internacionales. Entonces fue proclamado ganador de esos comicios sin que el oficialista Consejo Nacional Electoral mostrara jamás las actas con los escrutinios ni números desagregados por estados y municipios, mientras la oposición denuncia un fraude masivo.
Por eso, este nuevo gobierno es considerado ilegítimo por sus detractores. Pero, como a lo largo de estos años en el poder, tiene el apoyo irrestricto del alto mando de la Fuerza Armada.
Ahora recibe de sí mismo un país que tiene a uno de cada cuatro venezolanos viviendo en el exterior, que ha perdido desde 2012 casi el 80% del tamaño de su economía, con una industria petrolera en su mínima expresión en 100 años y con una grave crisis energética de servicios públicos, de salud y educación; con más de 2.000 presos políticos y la liquidación de los partidos políticos opositores tradicionales.
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