La "Ley Simón Bolívar" fue aprobada el jueves por la noche en la Asamblea Nacional y será publicada para entrar en vigencia. Según juristas, deja amplio margen para decisiones discrecionales de funcionarios y dirigentes del gobierno contra opositores.
"Esta ley marca un precedente porque avanza en la legislación para que el pueblo venezolano se pueda defender", dijo Maduro al comentar los alcances.
La ley argumenta "el resguardo de la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación", para castigar duramente "toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones contra la seguridad de la Nación y del pueblo venezolano".
Llega en momentos en que en el Congreso de Estados Unidos avanza en una nueva ley para elevar las sanciones a ciudadanos de ese país que negocien con el gobierno de Maduro.
La ley castiga "la promoción, solicitud o respaldo" de sanciones por parte de Estados y corporaciones extranjeras, como las que aplica Estados Unidos y otros países a funcionarios chavistas y empresas del Estado venezolano.
También penaliza "el desconocimiento de los Poderes Públicos legítimamente instaurados" en Venezuela, de sus actos o sus autoridades, "así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de Poderes Públicos venezolanos".
Esto significa, por ejemplo, que quien niegue el triunfo de Maduro en la cuestionada elección presidencial del 28 de julio pasado y quien pida mayor presión internacional para buscar una salida a la crisis venezolana, está sujeto sin atenuantes a las penalizaciones que establece esta ley.
También se castiga "la colaboración con organismos, funcionarios u oficiales extranjeros". Incluye castigo a acciones que impidan la libre inversión en la Venezuela o que pongan obstáculos a la recepción de inversión, la libertad económica y el libre intercambio comercial internacional.
Las penas para los acusados incluyen prisión por entre 25 y 30 años y multa de entre 100.000 y un millón de dólares.
También se crea "un registro preventivo" nacional para identificar a personas y empresas, nacionales o extranjeros a los cuales se les aplicaría esta ley, para congelarles activos y prohibirles comprar o vender bienes.
Asimismo, los medios de comunicación de radio, TV, digitales y redes sociales que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de sanciones serán cerrados y multados con entre 100.000 y un millón de dólares, según los considerandos de la norma.
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