Una jueza de Nueva York habilitó un embargo contra el Estado Argentino por 210 millones de dólares para que los llamados "fondos buitre" -empresas que compran deuda- que no ingresaron en acuerdos de pagos se cobren para de sus deudas por el default del país en 2001. Lo decidió la magistrada estadounidense Loretta Preska, que reúne los casos contra Argentina en el Distrito Sur neoyorquino, reporta la prensa en Buenos Aires.
Es el segundo golpe contra la administración del ultraliberal Javier Milei en pocas horas, pues el miércoles pasado bonistas que habían demandado a Argentina por el pago del cupón PBI en Londres lograron ejecutar una garantía de 325 millones de dólares, que el país había depositado para poder apelar el fallo en contra.
"La Juez Preska aprueba el embargo de 210 millones de dólares correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos 100 millones", explicó en la red social X Sebastián Maril, un especialista que sigue al detalle las demandas contra Argentina, detalló el diario Clarín.
Los fondos que se embargan pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central de la República Argentina en la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), con fondos que se utilizaron en su momento para garantizar el pago de los bonos Brady. Attestor Master tenía deuda argentina vencida por 460 millones de dólares y Bainbridge Fund, por 100 millones.
Esto se suma a los tenedores de los bonos denominados "cupón PBI", que ganaron el juicio contra Argentina en el Reino Unido, quienes ejecutaron la garantía de 313 millones de euros (325 millones de dólares) requerida para apelar el juicio por 1.330 millones de euros que el país sudamericano perdió en primera instancia.
Como la apelación fue rechazada y se confirmó el fallo en contra, Argentina debe empezar a pagar. Los demandantes son los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que tenían cupones PBI. Esos acreedores acusaron a Argentina de haberlos perjudicado al modificar la forma de medir el PBI y, en consecuencia, haberle pagado menos en 2013. (ANSA)