Se acabó el tiempo. La Comisión Europea, tras meses de espera, ha entregado al Gobierno italiano la carta con el dictamen motivado sobre concesiones de playas que formaliza la última fase del procedimiento de infracción por infracción de la directiva Bolkenstein, una normativa UE sobre mercado interno.
No fue un paso fácil para el ejecutivo europeo, que en este último remanente de legislatura comunitaria acostumbra a moverse con extrema cautela hacia los estados miembros. Pero, cuando se trata de balnearios, a Bruselas no le queda otra opción. Roma tiene ahora dos meses para acatar el dictamen de la Comisión y evitar así una multa enorme.
La carta, subrayó la Comisión Europea, "no perjudica en modo alguno las negociaciones" con Italia. Pero, a partir de ahora, las negociaciones tendrán tiempos limitados. En un día marcado con un círculo rojo por las infracciones italianas, la Comisión decidió continuar también el procedimiento sobre la indemnización única, también en este caso con un dictamen motivado. Finalmente, se envió una tercera carta al gobierno: se trata de la remisión al Tribunal de Justicia de la UE por los impagos de la Administración Pública relacionados con el sector de los instrumentos de investigación criminal.
La carta sobre las estaciones balnearias consta de 31 páginas, algo bastante inusual en ese procedimiento de infracción, que en la práctica son mucho más cortas. Y la no publicación del texto también fue inusual. De hecho, el documento no fue incluido en la actualización de los procedimientos abiertos que se comunica a la prensa y a los usuarios todos los jueves.
En la página web dedicada solo se ha subido el título de la carta, pero no se puede consultar su contenido. El portavoz de la Comisión se defendió afirmando que no todas las decisiones tomadas por el ejecutivo de la UE siempre se publican. Y aseguró que, en el envío de la carta, no hubo demora: "el trámite avanza", explicó. En realidad, las negociaciones para detenerlo estuvieron abiertas hasta el miércoles por la noche. Y ya el pasado mes de abril se abordó el tema en una reunión entre Giorgia Meloni y el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
Tres días después, el Tribunal de Justicia Europeo rechazó la renovación automática de las concesiones pero, en los meses siguientes, la UE se limitó solo a recordatorios informales.
En la carta, Bruselas relata el tira y afloja jurídico con Italia, incluida la apertura del procedimiento de infracción en diciembre de 2020, y cuestiona los resultados de la mesa técnica creada por el Gobierno para la cartografía de las playas. Para la UE, el cálculo de la cuota del 33% referida a las playas ocupadas por concesiones estatales no "refleja una evaluación cualitativa de las zonas en las que es realmente posible prestar servicios de concesión de playas".
Es decir, en el porcentaje restante que el Gobierno puede sacar a licitación, la mesa técnica ha incluido tramos de costa que están inutilizables bien por causas naturales, bien porque albergan puertos y estructuras industriales, bien porque están protegidos. "Estamos dispuestos a dar respuestas inmediatas", respondió el viceprimer ministro Matteo Salvini.
Pero, sobre el mapeo, el líder de la Liga Norte se mantuvo firme: "solo el 33% tiene posibilidad de ser empleado, por lo que no podemos hablar de un recurso escaso". "El gobierno -añadió el jefe de la delegación al Ejecutivo, Carlo Fidanza- podrá responder a tiempo y pondrá fin a la incertidumbre".
En comparación con el asunto de los balnearios, el de la asignación única tiene una historia más corta. Respecto a la medida introducida en marzo de 2022, Bruselas había enviado una carta de emplazamiento en febrero de este año. La respuesta de Italia llegó en junio, pero no satisfizo a la Comisión.
En el dictamen motivado, el Ejecutivo europeo afirma que la medida es "discriminatoria" al prever que solo se beneficien del subsidio único quienes hayan residido en Italia durante al menos dos años y vivan en el mismo núcleo familiar que sus hijos. En efecto, según certifica el INPS (instituto de seguridad social), el subsidio único entre enero y septiembre de 2023 fue pagado a 6,3 millones de familias, con un gasto de 13,4 mil millones.
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