Al frente de la lucha contra el cada vez más floreciente negocio de los intermediarios de gestación subrogada se encuentra el senador José Narro, de la fuerza de centroizquierda en el gobierno Movimiento Regeneración Nacional, quien presentó una iniciativa de reforma con penas de hasta 17 años de prisión.
Una respuesta también a las peticiones de colectivos feministas.
Narro presiona para que la práctica sea calificada como un delito vinculado al "tráfico de órganos", centrándose también en el tema de "proteger el derecho a la identidad de los niños por nacer".
En México, la primera regulación de la gestación subrogada se remonta a 1977 en el estado de Tabasco, y Sinaloa hizo lo propio en 2021.
Tres estados -Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro- la prohibieron, mientras que en el resto del país hay una situación confusa, también porque en 2019 la reforma a la Ley General de Salud dispuso que la maternidad por terceros podía ser considerada una especie de reproducción asistida.
Y en junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una resolución que permite a cada estado decidir si regula las condiciones económicas o dejar plena libertad a los individuos.
De acuerdo con la Coalición contra la trata de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, cada año en México nacen por encargo al menos 5.000 bebés, con la mediación de organismos especializados. Y el dato no parece ser la punta del iceberg.
Las mujeres que se ofrecen para llegar adelante la maternidad de otras parejas en México tienen entre 18 y 35 años y en la mayoría de los casos viven en una situación de gran dificultad.
A menudo son reclutadas en los albergues contra la violencia o son madres solteras con hijos a cargo, y repiten la experiencia aún más veces a lo largo de los años.
Según la reciente encuesta internacional Baby Broker Investigation, coordinada por Finance Uncovered y financiada por el Pulitzer Center, con la participación de periodistas del on line mexicano Animal Político, una de las empresas que maneja el negocio a nivel global, la New Life, con 73 oficinas en el mundo, uno de ellos en Cancún, ofrece contratos sin valor legal a mujeres embarazadas.
De hecho, las mujeres se quedan en la oscuridad, sin información precisa sobre los tratamientos hormonales a los que se someterán, sin seguro médico y con una vaga promesa de compensación si algo sale mal.
La indemnización reconocida a una madre subrogada ronda los 9.400 dólares, pero sólo si el parto se produce entre la semana 37 y 40.
En el caso de los gemelos, la cifra asciende a 10.400 dólares.
Se pueden otorgar alrededor de 2.000 dólares en el caso de un aborto espontáneo. También puede ocurrir que las cláusulas prevean la posibilidad de que los padres del cliente abandonen al recién nacido, en presencia de discapacidades.
Y mientras tanto, en los anuncios que cada vez florecen más en las redes sociales, las agencias ofrecen paquetes que incluyen sol, playa y bebés, por cifras que van desde los 25.000 a los 35.000 dólares, con clientes -cada vez más padres solteros o parejas homosexuales- que llegan sobre todo de Estados Unidos y Australia, pero ahora también de Europa.
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